En la historia latinoamericana es reducida la lista de artistas que han puesto voz a versos con la gracia que lo hizo la extinta cantautora argentina Mercedes Sosa, que, como la metafísica, razonaba en el principio de las cosas para observar su evolución, consciente de que “cambia lo superficial, también lo profundo, cambia el modo de pensar; todo cambia en este mundo…”.

Y es que la racionalidad constituye un rasgo esencial de la especie humana, que no se adquiere genéticamente por el hecho de nacer, sino a través de mucho esfuerzo de un aprendizaje en el que la lógica dialéctica desempeña un papel esencial en la comprensión racional de las cuestiones particulares.

El preámbulo obedece a que, aunque sea metafóricamente en conexión con la dialéctica, desde Heráclito hasta Hegel, en la sociedad dominicana se ha observado un cambio racional y positivo en el seno de sectores de poder social, respecto a los perfiles que deben adornar a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE).

Había primado en la opinión pública el criterio de líderes políticos en el sentido de que la estructuración del órgano tiene que hacerse con personas “independientes”, alejadas de cualquier vínculo con a la actividad política.

Así se han expresado el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, entre otros. De maternizarse eso en el Senado de la República, convertiría la democracia dominicana en una especie de una caricatura, pisoteando la institucionalidad democrática.

Afortunadamente hay que saludar el hecho que ahora han surgido nuevas voces, introduciendo elementos más racionales a los perfiles de los postulantes a titulares y suplentes, sin citar, como motivo de exclusión, el elemento partidario.

Entre esas voces figuran la del arzobispo emérito de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, quien sugirió al Senado que “se cuide de las opiniones políticas” que puedan interferir en el proceso de selección de los nuevos miembros de la JCE, argumentando que hay que priorizar en ese proceso la capacidad, probidad y experiencia en materia electoral.

Lo anterior es importante en la reafirmación de que las evaluaciones y las entrevistas no serían contaminadas por revanchismos de partidos o dirigentes políticos.

También enviaron a la Cámara Alta una comunicación conjunta, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), en el que le manifiestan el interés de que la selección se considere dentro de los perfiles evaluados, atributos personales y habilidades, tales como la integridad, credibilidad, capacidad gerencial; así como el trabajo en equipo, inteligencia emocional, y la independencia de criterio para la toma de decisiones.

El artículo 4 de la Constitución de la República plasma la separación de poderes como la distribución de las funciones del Estado Dominicano, y los divide en tres: el Poder Ejecutivo, que es ejercido por el Jefe de Estado; el Poder Legislativo, el cual es ejercido por los diputados y senadores; y el Poder Judicial, que es ejercido o administrado por los jueces y magistrados de los tribunales de la República.

Este sistema de gobierno nace de las ideas de Montesquieu, quien dice que la finalidad de este es ponerle un freno al poder ilimitado, evitando que culmine en una tiranía.

El hecho de imponer desde el Poder Ejecutivo a los miembros de la JCE, no solo atentaría contra la soberanía del Congreso Nacional, como Poder del Estado, sino, también, de la institucionalidad democrática del país.