Por: Dr. Félix Portes
En República Dominicana, el mérito judicial se ha vuelto irrelevante. Hoy, ser un juez honesto, trabajador y ético ya no garantiza estabilidad ni reconocimiento. La razón es clara: la evaluación judicial, ordenada por la Constitución, ha sido convertida en un acto opaco y politizado.
El ejemplo más reciente y doloroso lo constituye el caso del juez de la Ejecución de la Pena de Baní, trasladado de manera arbitraria, ilegal e injusta, a pesar de ser reconocido como un juez trabajador, responsable y honesto, que dicta decisiones firmes y apegadas a la ley y la Constitución. Este atropello no es un hecho aislado: refleja cómo el sistema castiga a quienes encarnan los valores que deberían ser premiados y protegidos.
A ello se suma la situación de varios jueces recientemente evaluados, respecto de los cuales el propio Consejo del Poder Judicial no pudo imputarles falta alguna ni bajo rendimiento que justificara su exclusión. Sin embargo, en un giro contradictorio y sin fundamento constitucional, estos jueces fueron descalificados y no ratificados en sus cargos. Este proceder revela que la evaluación judicial ha dejado de ser un mecanismo objetivo y transparente para convertirse en un instrumento de control político y discrecionalidad.
Cuando la evaluación se omite, se manipula o se utiliza como arma de presión, se vulnera la separación de poderes, se viola la independencia externa de los jueces y se degrada la inamovilidad que asegura la seguridad jurídica. En esas condiciones, el sistema judicial deja de ser un poder independiente y se convierte en un instrumento al servicio de intereses circunstanciales.
La evaluación judicial debe realizarse con criterios claros, previamente definidos, objetivos y verificables, que no dejen cabida a la manipulación ni a manejos de acuerdos políticos de aposentos. Solo así podrá cumplirse el mandato constitucional y garantizarse un sistema de justicia confiable y respetado.
El mensaje que recibe la judicatura es devastador: la probidad no basta. Y ese descrédito no afecta solo a los jueces, sino también a la confianza ciudadana en la justicia misma.
La República necesita volver al principio básico del mérito como garantía de institucionalidad. De lo contrario, ser juez honesto seguirá siendo un acto heroico en un sistema que ya no premia la virtud, debilitando así la fe de los ciudadanos en la justicia y en la democracia misma.
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