Menores de edad en la línea de fuego: violencia armada e ineficiencia gubernamental (2020–2025)

Resumen. En el presente artículo examinamos la mortalidad ocurrida por armas de fuego en menores de edad en República Dominicana durante el período 2020–2025¨. Esta investigación identifica tres hallazgos convergentes: una victimización infantil y adolescente sostenida en el tiempo, una ineficiencia estructural de la política pública de seguridad ciudadana que ha sido incapaz de modificar esa tendencia, y una grave deficiencia en la calidad del dato que limita el diseño de cualquier intervención eficaz.

Hay una cifra que la institución responsable de la seguridad ciudadana conoce cada año, pero que nunca lee en voz alta y estas son las muertes de niños y adolescentes por armas de fuego. En los últimos cinco años 1,266 menores de edad murieron por arma de fuego en República Dominicana. Esto no es una proyección es la suma exacta de las propias fuentes oficiales. Y es que, uno de cada cuatro homicidios con arma de fuego en el país —el 24.6 % del total del período— tuvo como víctima a un menor de edad. Y, sin embargo, ninguna política pública nacional se organiza alrededor de ese dato.

El hallazgo central que hemos identificado es una victimización infantil y adolescente sostenida

Podemos observar la distribución de las víctimas menores de edad por grupo etario, acumulada entre los años 2020 y 2025, que revela la magnitud del fenómeno, es que estamos hablando una tendencia inalterable durante cinco años:

Desagregado por año, el comportamiento de la serie confirma que no se trata de un repunte coyuntural sino de un patrón estable:

En promedio, en el país se pierden 211 menores de edad al año por arma de fuego —cerca de cuatro cada semana—. La estabilidad de esa proporción, que oscila entre el 23 % y el 26 % del total nacional sin tendencia clara a la baja, es la primera señal de alarma: donde no hay variación, no hay política pública actuante; hay inercia institucional.

Este fenómeno no solo se concentra únicamente en la adolescencia. Entre 2020 y 2025, 330 niños y niñas de 0 a 14 años fueron asesinados con armas de fuego y la tendencia, lejos de mejorar, se agravó en el corazón del período: de 36 casos en 2020 se pasó a 63 en 2021 y a 67 en 2022, prácticamente el doble en solo dos años y 37 de esas víctimas fueron niñas. Se trata de menores en edad escolar, cuya presencia en una estadística forense constituye, por sí sola, la evidencia de un fracaso de protección estatal.

Un Estado que registra decenas de niños de 0 a 14 años muertos por bala cada año, y que observa esa cifra duplicarse, tiene la obligación elemental de preguntarse las causas: ¿fuego cruzado, violencia intrafamiliar armada, reclutamiento por economías ilícitas, negligencia en el almacenamiento de armas legales en el hogar? Los datos examinados no lo responden, porque el sistema no fue diseñado para responder esa pregunta, sino para llenar una tabla. Una política pública que no sabe por qué muere un menor de edad no puede impedir que muera el siguiente. La ausencia de un programa nacional de prevención de la violencia armada contra la infancia, pese a la disponibilidad del dato, es la expresión más clara de esa ineficiencia.

La deficiencia de la política se agrava por la deficiencia del registro. En los mismos cinco años, 570 homicidios quedaron clasificados sin dato de edad (categoría “Sin Datos”). Esto implica que la cifra real de menores asesinados podría ser superior a la reconocida oficialmente, pues cientos de víctimas carecen siquiera de una edad asignada en el sistema. A ello se suma la persistencia de categorías etarias superpuestas y sin depurar en las propias tablas, que evidencian la falta de un protocolo de captura estandarizado.

La falta de una visión, de una estrategia y de eficiencia en materia de seguridad que ha caracterizado este periodo de gobierno, sigue demostrando que no se puede proteger lo que no se mide, y no se mide lo que no se quiere ver: a falta de un observatorio de seguridad ciudadana, se refleja en la opacidad estadística que opera, en la práctica, como la coartada perfecta para no actuar.

Los hallazgos encontrados presentan una victimización sostenida de menores de edad, una política pública incapaz de modificarla y un sistema de datos que la oculta parcialmente— no son fenómenos independientes: forman un mismo círculo de desprotección a la niñez.

Si el Ministerio de Interior y policía (MIP) sabe, que cada año decenas de menores de edad mueren por arma de fuego, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve política: la respuesta no es la falta de datos —los datos están— sino la falta de decisión para mirarlos.

Los países se definen por las amenazas que deciden enfrentar y por las tragedias que se niegan a normalizar. Si aspiramos a construir una República Dominicana más segura, la protección de la infancia debe dejar de ser un tema periférico para convertirse en una prioridad estratégica nacional.