Hechos recientes de espionaje, filmación y grabaciones con fines de extorsión y vínculos al crimen organizado, de nuevo han puesto sobre el tapete el tema de la inseguridad ciudadana, la constante vulneración de los derechos ciudadanos y el lucrativo negocio que gira en torno a estas fechorías.
La realización de estas actividades ilegales no tiene nada de nuevo. Desde la caída del régimen de Trujillo venimos oyendo, leyendo, palpando la impunidad con la que se viola la privacidad, el intercambio de ideas, y hasta la vida misma.
Producto de estas fechorías han quebrado negocios y perdido o ganado fortunas. Pero peor aún, se han destruido familias, dañado reputaciones, esparciendo toda clase de maldades.
He sido objeto de por lo menos espionajes telefónicos, llegándose en una ocasión a llevarle supuestas conversaciones, producto de una magnifica edición digital, en las que se creía hablaba confidencias con un querido pariente, ido a destiempo.
El mismo pariente me las puso, muerto de risa, enseñándome cómo los adulones e interesados se valían de toda clase de maquinaciones y trucos para intentar perjudicar o chantajear.
Como ya todos saben de los avances y posibilidades que facilitan herramientas como el photoshop o el voice maker, parece que las fotos y las grabaciones bajan de precio. Las tecnologías para alterar filmaciones son aún caras, escasas en el medio, y requieren niveles de conocimientos más avanzados que las que en la actualidad dispone el mercado delictivo, convirtiendo filmaciones en la herramienta predilecta.
El avatar del chantaje.
Barbaridades como estos múltiples casos de grabaciones en el país, pero ya muy reconocidas internacionalmente con el caso de las grabaciones en Perú de Vladimiro Montesinos, se están haciendo cada vez más populares en el observar de los dominicanos, con la indiferencia, olvido e impunidad que caracteriza nuestra sociedad.
