En su evaluación sobre el año 2021, el movimiento cívico Participación Ciudadana ha resaltado como un logro que se impulse la independencia del Ministerio Público.

Lo que es lo mismo, que el brazo ejecutor de la Justicia no estuviera bajo las directrices del contaminado ejercicio político.

El país marcha por el camino de una real persecución de la corrupción y de la erradicación de la impunidad, dos males que han impedido el fortalecimiento del sistema institucional y han contribuido al debilitamiento del ejercicio de una efectiva democracia.

Dentro de ese contexto tranquiliza que desde el Poder Ejecutivo -con el presidente Luis Abinader a la cabeza- existe una firme voluntad dirigida a no entorpecer el trabajo de la Procuraduría General de la República, cuyos incumbentes tienen el compromiso de perseguir a quienes incurran en delitos reñidos con la ley sin importar la bandería política.

A parte de la independencia promulgada desde el Gobierno, el presidente Abinader ha asumido el deber de evitar que el Ministerio Público colapse por falta de los fondos necesarios que le permitan realizar una labor eficiente en consonancia con las expectativas de la sociedad.

Los ojos del país están dirigidos hacia Miriam Germán Brito, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, quienes no deben fracasar en un ejercicio pulcro y ajustado a las leyes, velando siempre por el cumplimiento del debido proceso y porque cualquier acusado, no importa su estatus social ni político, tenga la oportunidad de defenderse ante acusaciones de corrupción o de otra índole, como única forma de contribuir al adecentamiento de la Justicia.

Aportar los fondos que exija el Ministerio Público es otra de las tareas loables asumidas por Abinader.