Santo Domingo.– Alrededor de 3,780 privados de libertad, equivalentes al 15% del total de 25,200 internos en el sistema penitenciario dominicano, podrán incorporarse a programas de formación técnica y producción agropecuaria.
Esto será posible mediante de un acuerdo de colaboración firmado entre la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP).
Dicho convenio tiene como finalidad facilitar la rehabilitación e inserción social de las personas privadas de libertad que se encuentran en fase de medio libre, a través de su participación en actividades económicas productivas, sostenibles y técnicamente supervisadas.
Así lo informó Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (Jad), quien además dijo, que la implementación inicial del programa contempla una inversión de 9 millones de pesos.
Esta suma será destinada a las primeras fases de producción, compra de insumos, estudios técnicos, adecuación de terrenos y acompañamiento profesional.
La fase “medio libre” permite a reclusos a reintegrarse a la sociedad a través de la participación en programas de asistencia social.
De acuerdo con Benítez, los programas de producción serán hidroponía, acuacultura, agroforestería, avicultura, frutales y reforestación en distintos centros penitenciarios.
Detalló que dentro del proyecto se identificaron terrenos viables de 6 millones de metros de cuadrados para la plantación de cocos, destinadas tanto al consumo interno como a la venta a empresas interesadas.
Explicó, además, que la producción se destinará al consumo en los centros penitenciarios, y otra parte a la comercialización externa, permitiendo la autosostenibilidad de los programas a través de los ingresos generados.
Comisión Interinstitucional y acompañamiento técnico
Para garantizar la adecuada implementación del acuerdo, se ha conformado una Comisión Interinstitucional compuesta por 15 coordinadores, quienes se encargarán de la planificación, coordinación y seguimiento de los proyectos.
Las instituciones también contarán con representantes designados para mantener la comunicación directa entre las partes.
Benítez puntualizó que la JAD brindará apoyo técnico y acompañamiento especializado, aprovechando su estructura nacional y su experiencia con más de 180 mil afiliados en 106 sectores productivos, incluyendo hidroponía, acuacultura y reforestación.
Roberto Santana, director de Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), indicó que para la correcta ejecución del proyecto, se han realizado estudios de suelo, calidad del agua y condiciones climáticas, con el fin de determinar los cultivos o actividades más apropiadas en cada recinto penitenciario.
Expresó que esta etapa de evaluación ha tomado alrededor de cuatro meses.
"Por ejemplo, no podemos decir vamos a sembrar yautía en la cárcel del Seibo sin saber si el suelo lo permite. Se necesita una evaluación agroclimática completa", explicó Santana.
Catrasto penitenciario
Para asegurar que solo participen personas que cumplan con los requisitos legales, destacó que junto a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso ha dispuesto la realización de un catastro penitenciario, que permitirá establecer con precisión el estatus legal de los internos y evitar errores en su traslado a la fase de medio libre.
“El catastro nos va a permitir saber exactamente ante quién estamos. No podemos llevar al medio libre a una persona que no califique, ni impedirlo a quien sí lo merece. Este proceso está en su fase final”, señaló Santana.
Ambas entidades coincidieron en que el acuerdo no solo representa un paso hacia la reinserción social efectiva de los internos, sino también una oportunidad de contribuir a la seguridad ciudadana y al desarrollo económico del país.
“Este es un proyecto bueno que ayuda a que la comunidad conozca poco a poco a los privados de libertad, porque al final esas personas regresarán a la calle. Si la sociedad no les da una oportunidad, seguirán estigmatizados”, afirmó Santana.
Convenio de alcance indefinido y con impacto comunitario
El acuerdo, firmado en la sede de la JAD tiene una vigencia indefinida. Además de beneficiar directamente a los privados de libertad, el programa contempla su participación en labores comunitarias como limpieza de calles, parques, cañadas y escuelas, en coordinación con alcaldías y el Ministerio correspondiente.
En ese sentido, ONaprep ya había iniciado este tipo de iniciativas como piloto en zonas como San Pedro de Macorís y el Cibao, y recientemente firmó un convenio con la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) para formalizar la colaboración con los gobiernos locales.
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