Romper la alegada “mafia del asfalto” supone crear vínculos nuevos con otros suplidores que quizás no sean suizos, pero sí agradables a las nuevas autoridades.

Ojalá el afán antimafia funcione en otros negocios, como el caótico transporte público.

En vez de enfrentar esa otra mafia, el gobierno puso al INTRANT en manos de los mal llamados sindicatos.

Hace pocos meses un capo transportista estaba “dispuesto a matarse” con quienes osaren invocar derechos constitucionales (libertades de tránsito, empresa, propiedad privada, etc.) para competir o transportar carga propia de puertos dominicanos. Igual con el transporte de pasajeros.

El gobierno posee el legal y legítimo monopolio de la violencia mediante Justicia, Policía y Fuerzas Armadas, pero ignoró la amenaza. Las bravuconadas y abusos de transportistas, que se creen intocables e impunes (¡como SITRACODE!), tienen al país “jarto”.

Debemos terminar décadas de extorsión política por parte de falsos sindicalistas que son sencillamente malos empresarios, que secuestran clientes con violencias e ilegalidades… Jamás arreglaremos este desorden sin desbaratar esas otras mafias. Aunque interese más el asfalto.