En múltiples ocasiones advertimos que obligar por ley a la Junta Central Electoral a organizar los procesos internos de los partidos políticos era someter a ese órgano a un estrés preelectoral peligroso y a un proceso de cuestionamientos antes de celebrar las elecciones nacionales.
La historia electoral dominicana ha demostrado que, salvo honrosas excepciones, nuestra clase política no suele reconocer resultados de procesos cuando estos le son desfavorables y en la repartición de culpas el órgano electoral carga con una gran parte.
La historia se ha vuelto a repetir.
Pasado el proceso de elecciones primarias del pasado domingo, uno de los grupos que terciaron ha iniciado un activo proceso de cuestionamiento a la Junta Central Electoral.
El órgano electoral se ha mostrado abierto a atender los requerimientos que se le hacen, pero eso no ha evitado la oleada de ataques.
La Junta recibió ayer otro golpe, esta vez proveniente de uno de sus integrantes, quien al querer hacer alarde de su reconocida e incuestionable reciedumbre moral puso de manifiesto vulnerabilidad ante los inevitables cuestionamientos que devienen a quienes ocupan ese tipo de posiciones.
Mucho de lo que se debate hoy tendrá repercusión en los comicios de febrero y mayo de 2020, por lo que se requiere madurez y entereza para sortear el proceso.
