BRASIL.- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó este miércoles un proyecto de ley que convierte a la corrupción en un crimen grave castigado con cárcel sin derecho a fianza. La iniciativa, que apunta a eliminar la sensación de impunidad que impera en el país, debe ser enviada al Congreso en los próximos días para su aprobación.
En una ceremonia conmemorativa del día internacional contra la corrupción, Lula reconoció que el 90% de los brasileños sienten que los funcionarios públicos que incurren en actos ilícitos quedan en la impunidad.
"El pueblo percibe que uno que roba un pancito va preso mientras el que roba un billón no va preso. Eso está muy fuerte en la cabeza de las personas", manifestó Lula, cuyo gobierno se vio sacudido por una serie de escándalos de corrupción, especialmente durante su primer mandato, entre 2003 y 2007.
Lula admitió que la iniciativa podría no resolver los problemas de corrupción, "pero si el Congreso la aprueba, al menos comenzaríamos a pasar la idea a la sociedad de que no existe la idea de impunidad".
Este año, el Congreso brasileño se vio sacudido por denuncias de abusos con pasajes aéreos por parte de legisladores de todas las corrientes partidarias, mientras que el presidente del Senado, José Sarney, vio amenazada su permanencia en el cargo por denuncias de nepotismo y desvío de fondos públicos en favor de sus allegados.
En su discurso, Lula evitó hacer referencias al gobernador del Distrito Federal, el opositor José Roberto Arruda, quien enfrenta tres pedidos de destitución luego de que la semana pasada se divulgaron videos en los que él y legisladores distritales aparecen recibiendo dinero supuestamente procedente de sobornos.
Lula insistió en que Brasil está dando "grandes pasos" por mejorar la fiscalización de los recursos públicos "porque son muchas instituciones que utilizan dinero público, hay muchas transferencias de dinero del gobierno federal, muchos convenios entre los ministerios e instituciones de la sociedad civil. Es necesario controlarlo, no hay remedio".
Para combatir la corrupción, el presidente insistió en la necesidad de aumentar la eficiencia de instituciones como la policía federal, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas de la Unión, brazo fiscalizador del Congreso.
