Siete meses sin Brianna y más de un año sin Roldany: los retos de proteger a la niñez en RD
Santo Domingo.– A siete meses de la desaparición de Briana, su familia continúa esperando respuestas. La ausencia de la menor mantiene abierta una investigación que ha generado atención nacional y vuelve a colocar en discusión los mecanismos de búsqueda y protección cuando un niño o niña desaparece.
Briana desapareció el 31 de diciembre de 2025. Desde entonces, sus familiares han mantenido el llamado para obtener información sobre su paradero, mientras las autoridades continúan las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, no existe una conclusión pública sobre qué ocurrió con la menor.
El caso se suma al de Roldany Calderón, un niño de tres años cuya desaparición ocurrió el 30 de marzo de 2025 en la comunidad de Los Tablones, distrito municipal Manabao, Jarabacoa, provincia La Vega.
Según informaciones ofrecidas por las autoridades, tras la desaparición de Roldany se desplegaron operativos de búsqueda con organismos de seguridad y equipos especializados. Con el paso de los meses, la familia ha continuado reclamando respuestas sobre el paradero del niño.
Ambos casos tienen investigaciones independientes y circunstancias particulares. No existe información oficial que establezca una relación entre ellos.
Sin embargo, han generado preocupación social sobre la capacidad de respuesta institucional ante desapariciones de menores y sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de protección infantil.
Estos hechos ocurren en un país donde organismos internacionales han advertido sobre otros factores que afectan el bienestar y la seguridad de niños, niñas y adolescentes.
El problema de la protección infantil va más allá de los casos de desapariciones.
En un comunicado publicado el 20 de abril de 2026, titulado “Crecer sin protección: la niñez en República Dominicana enfrenta niveles de violencia por encima del promedio regional”, UNICEF República Dominicana informó que el 63 % de los niños y niñas en el país está expuesto a métodos de disciplina violenta en el hogar, una proporción superior al promedio de América Latina y el Caribe, estimado en alrededor de 60 %.
El informe regional de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la violencia durante la infancia puede afectar el desarrollo, la salud mental y las oportunidades futuras de niños y adolescentes.
El organismo señala que estas prácticas no deben normalizarse y plantea como respuesta el fortalecimiento de los sistemas de protección, el apoyo a las familias y la promoción de métodos de crianza positiva.
Otro de los factores que preocupa a las instituciones relacionadas con la infancia es el trabajo infantil.
Un análisis de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), mediante el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), estima que 204,994 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años presentan probabilidad de riesgo de trabajo infantil en República Dominicana.
La ONE aclara que esta cifra no representa menores encontrados trabajando, sino una herramienta estadística que identifica territorios donde existen condiciones asociadas a una mayor probabilidad de que ocurra esta situación. El modelo fue elaborado utilizando datos de la ENHOGAR-MICS 2019 y del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.
El análisis señala que el riesgo no se concentra necesariamente en los territorios con más población infantil, sino en zonas donde coinciden factores como menor escolaridad en los hogares, ruralidad, limitaciones de servicios básicos y condiciones económicas más vulnerables. Entre los municipios identificados con riesgo muy alto figuran Bánica, Hondo Valle, Pedro Santana, Juan Santiago, El Llano y El Cercado.
La protección infantil como desafío institucional
Los datos de UNICEF y los estudios sobre riesgos sociales muestran que la vulnerabilidad infantil tiene múltiples expresiones: violencia en el hogar, riesgos de explotación laboral y situaciones que requieren respuestas institucionales oportunas.
Organismos de protección infantil han insistido en que la prevención debe incluir sistemas de alerta temprana, acompañamiento a las familias, acceso a educación y servicios sociales, además de investigaciones diligentes cuando ocurre una desaparición o cualquier vulneración de derechos.
En el caso de Brianna, siete meses después, su familia continúa esperando respuestas. En el caso de Roldany, la incertidumbre permanece desde marzo de 2025. Ambos casos mantienen la atención pública sobre una misma exigencia: que la protección de niños, niñas y adolescentes sea efectiva antes de que ocurra una tragedia.
Sobre el autor
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en la fe que transforma.
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