SANTO DOMINGO.-Una afirmación de que el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) constituye una institución sin futuro sería arriesgada, pero la verdad es que las perspectivas de consolidación y fortalecimiento lucen difíciles en el presente e inciertas para el porvenir.
El señalamiento lo hizo hoy el periodista Luis García, coordinador Movimiento Convergencia, del CDP, quien advirtió que la realidad de la entidad que agrupa a los profesionales del periodismo en la República Dominicana, hay que abordarla desde dos dimensiones: la económica y la moral.
“En el aspecto económico, el CDP no cuenta con una base económica que le permita siquiera sostenerse mínimamente, a pesar de que el cuerpo directivo desempeña su labor prácticamente de manera honorífica. Muchas veces no dispone de los recursos para cubrir la nómina del reducido número de empleados y los servicios de energía eléctrica y telefonía”, dijo Luis García.
Mientras que la cuestión moral no deja de ser preocupante. Nadie pone en duda que existe degradación moral en el comportamiento que exhibe una parte de los que “ejercen” como “periodistas”, especialmente en medios electrónicos diseminados en diferentes puntos de la geografía nacional.
García hizo este razonamiento a propósito de un artículo publicado bajo la firma del director de El Día, José P. Monegro, en el cual expresa que “el Colegio Dominicano de Periodistas debería encabezar esfuerzos para que la población distinga quién es periodista y quién no lo es, abordar desde la academia el tema de la ética y desnudar a los que atentan contra el buen nombre de este oficio”.
En otra parte de su artículo, Monegro subraya que “la distorsión comienza cuando entidades o personas públicas y privadas pagan para manipular contenidos, fingir simpatías, torcer opiniones y hasta para difamar a terceros. A los que se prestan a esa praxis la picardía del dominicano los ha bautizado como “bocinas”.
Al respecto, García indicó que “afortunadamente, muchos de los que actúan de esa manera no son profesionales del periodismo, sino de usurpadores que dicen ampararse en la prerrogativa universal de la libertad de expresión del pensamiento; llegando más lejos, al asegurar que cualquier forma de coartar la misma, sería violar los derechos humanos.