La mayor protección que puede tener un funcionario público es aplicar la ley, y la función de ese principio, usar el buen juicio.

Parece simple, pero no lo es tanto, porque con frecuencia pareciera que en nuestro país las leyes son simples sugerencias.

Cuando la Junta Central Electoral advertía de lo costoso que sería la celebración de primarias abiertas y simultáneas, en el Congreso se le quiso restar fuerza a su argumento, incluyendo en la Ley de Partidos Políticos que esos procesos se financiarían con los fondos de los propios partidos, deduciéndolos de los aportes anuales que les hace el Estado.

Así lo hicieron consignar en el artículo 47 de esa legislación, que más claro no puede estar. Se incluyó que eso no eximía a la Junta de dar apoyo logístico y en naturaleza, por supuesto, que la ley se refiere a lo que la Junta tiene, pues nada ni nadie puede aportar lo que no tiene o lo que es de otro.

Disponer de lo que es de otro, sin su consentimiento, es robo o estafa.

La misma Ley de Partidos dispone en el artículo 62 cómo los partidos deben gastar los fondos que tienen disponibles de lo que reciben a través de la financiación estatal.

Es lógico que si la misma ley les manda a cubrir las primarias, esa distribución de gastos es de lo que les queda luego de cumplir con el primer mandato de la ley: cubrir los gastos de las primarias para los que se acogieron a ese método de elección de candidatos.

Ese artículo 62 también se les aplica a los partidos que no van a primarias y que por tanto no tienen que costear esos procesos.

Por tanto, si un partido tiene que gastar todo lo que recibe del Estado (o casi todo) en unas primarias, entonces el artículo 62 solo se le aplica a lo que le quedare o para los años en los que le quedare, porque las primarias son cada cuatro años.

La ley no contempla fiaos, pero tampoco los prohíbe, así que esa es una figura que pudieran contemplar los partidos, pues muy bien que saben ellos coger prestado comprometiendo ingresos futuros.
Eso está súper claro, como para que ahora vengan a hacer “arreglos”.

Los partidos que vayan a primarias tienen que pagar cada centavo que cueste ese proceso, pues de lo contrario seguirán haciendo tollos porque, al final de cuentas, la fiesta la pagarán los contribuyentes, los que no tienen salida ni pueden “acotejar” nada.