Santo Domingo.-La Federación de Asociaciones Industriales (FAI) llamó al Gobierno a frenar la corrupción administrativa de manera que pueda disponer de recursos para cubrir el déficit fiscal sin necesidad de lesionar a los sectores productivos.
La agrupación, que preside Ignacio Méndez, dijo que la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) ha dado una pequeña pista de la hemorragia que representa ese mal, al señalar que en diez años se han perdido RD$104,000 millones por esa práctica.
Manifestó que si el Gobierno aplicara estrictamente las normas y leyes anti-corrupción se evitara no sólo golpear a los sectores que generan empleos extrayéndoles recursos en forma irregular, sino que tampoco deterioraría su propia imagen institucional. La FAI se expresó en esos términos a propósito de la decisión de la Dirección de Aduanas de buscar un pacto con las industrias certificadas bajo la Ley de Innovación y Competitividad Industrial para que adelanten el pago del ITBIS a ese organismo recaudador.
El Gobierno insiste en violar la Ley 392 de Proindustria para obtener recursos mínimos, que no constituyen una solución al problema fiscal, cuando pudiera aplicar recortes en el gasto público y aplicar controles a la centrífuga de la corrupción que reportaría mejores resultados, manifestó el presidente de la FAI.
Actitud de Aduanas
Ignacio Méndez dijo que la postura de la Dirección de Aduanas constituye una vuelta atrás para retomar un ejercicio violatorio de la ley que el mismo Gobierno había descartado, y por lo cual apeló a un acuerdo no institucional con 35 grandes empresas, a fin de que pagaran el ITBIS por adelantado.
Ojalá que ese afán del Gobierno por cobrar centavos en comparación con la magnitud del déficit fiscal- se reflejara en el cumplimiento de las normas anti-corrupción y en el control del gasto público. Seguro que con eso habría dinero suficiente para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, dijo.
Guillermo Moreno pide que el DPCA sea cerrado
Guillermo Moreno planteó que el Departamento de Prevención de la Corrupción debe ser cerrado y dejar que los casos de corrupción sean investigados por los órganos ordinarios del Ministerio Público.
Expresó que luego de las confesiones de Hotoniel Bonilla, director de ese organismo, ha quedado evidenciado que esa entidad es inoperante, y cerrándolo por lo menos tenemos el beneficio de disminuir la carga del Estado. Dijo que el DPCA, lejos de asegurar una mayor eficiencia y autonomía en la lucha contra la corrupción, lo que ha significado es un mecanismo de centralización.
