Los incentivos al turismo: impulsores del desarrollo
En los últimos días ha resurgido el debate sobre la posible eliminación de los incentivos fiscales y exoneraciones que han sido fundamentales para el crecimiento del turismo en República Dominicana.
Un nuevo proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados en esta primera legislatura del 2025 propone desmontar estos beneficios, lo que recuerda la propuesta de reforma fiscal presentada en octubre de 2024 por el Gobierno, que buscaba suprimir los mismos artículos y párrafos de la Ley 158-01 sobre incentivos al desarrollo del turismo.
Desde mi perspectiva, eliminar estos incentivos sería un grave error con consecuencias directas en el empleo, la inversión extranjera y el crecimiento económico de nuestro país. El turismo ha sido, y sigue siendo, la piedra angular del desarrollo nacional, representando cerca del 20 % del PIB y generando cientos de miles de empleos directos e indirectos.
No podemos poner en riesgo un sector que ha demostrado su capacidad de resiliencia y crecimiento, especialmente tras la crisis económica que dejó la pandemia.
Sí a regulación, no a eliminación
Ahora bien, si bien los incentivos han sido clave para atraer inversiones al sector, no podemos ignorar las distorsiones que se han producido en la aprobación de proyectos bajo el amparo de la Ley 158-01. Se ha denunciado en múltiples ocasiones que se han otorgado beneficios a inversiones que no cumplen con el espíritu de la norma y que no contribuyen al desarrollo turístico.
En ese sentido, la discusión no debería centrarse en eliminar los incentivos, sino en regular los procedimientos para su otorgamiento a través del Consejo de Fomento al Turismo (Confotur).
Es imprescindible que se establezcan mecanismos más rigurosos para garantizar que sólo los proyectos genuinamente turísticos puedan acceder a estos beneficios.
De lo contrario, se corre el riesgo de que la ley siga siendo utilizada para favorecer inversiones que no aportan al sector y que desvirtúan el propósito original del marco legal.
El impacto de una eliminación irresponsable
Si el Congreso aprueba la eliminación de los incentivos sin una estrategia clara para mantener la competitividad del país como destino turístico, podríamos enfrentar varios riesgos:
- Desincentivo a la inversión: Sin be neficios fiscales, muchas empresas preferirán dirigir sus capitales a otros destinos del Caribe con regulaciones más favorables.
- Pérdida de empleos: Un menor ritmo de inversión en nuevos proyectos significará menos oportunidades laborales en el sector turístico y en actividades conexas.
- Impacto en el desarrollo regional: Muchas de las inversiones incentivadas han permitido el crecimiento de polos turísticos fuera de las zonas tradicionales. Sin estos incentivos, esos proyectos podrían verse detenidos.
- Menor competitividad internacional: En un mundo donde los países compiten ferozmente por atraer turistas e inversiones, renunciar a estos incentivos sin una alternativa viable nos haría menos atractivos frente a nuestros competidores.
Además, este proyecto de ley no sólo busca eliminar los incentivos turísticos, sino que también pone en riesgo otros sectores estratégicos de la economía que dependen de estímulos fiscales para su desarrollo. Entre los beneficios que están en la mira de ser eliminados se encuentran los incentivos a las zonas francas, el sector de energías renovables, la agroindustria y la industria cinematográfica, todos sectores que han demostrado ser impulsores clave del crecimiento económico y la generación de empleos en el país.
Llamado a un debate responsable
Es momento de discutir este tema con la seriedad que amerita. No podemos permitir que decisiones apresuradas pongan en riesgo el progreso que hemos logrado en el sector turístico.
Desde nuestra posición como legislador y en representación de una provincia tan importante en el renglón turístico como La Altagracia, estamos abiertos a apoyar cualquier iniciativa que busque mejorar la transparencia en la asignación de los incentivos, pero rechazamos categóricamente cualquier intento de eliminarlos por completo.
En lugar de eliminar los incentivos, lo que el Estado debe hacer es proporcionar mejores condiciones en las zonas turísticas mediante una infraestructura moderna y eficiente que garantice la estabilidad y permanencia de este importante sector.
La competitividad turística no sólo depende de beneficios fiscales, sino también de carreteras en óptimas condiciones, acceso a servicios básicos de calidad, seguridad, saneamiento ambiental y conectividad eficiente.
El turismo ha sido una de las mayores historias de éxito de República Dominicana en las últimas décadas. Mantengámoslo fuerte, regulando con responsabilidad y sin afectar su crecimiento.
*Por Jorge Tavárez
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