Si los ayuntamientos han de asumir cada vez el retiro de la inmensa cantidad de propaganda colocada por los candidatos en las vías públicas y postes del tendido eléctrico, parece razonable que no la permitan.
Lo aconsejable parece reglamentarla de manera que la colocada sea una propaganda con un cierto orden y con la mediación del compromiso del partido o candidato que la ponga en las calles, de retirarla en un plazo convenido una vez concluida la elección de que se trate.
Porque todavía tenemos, junto con la promoción de candidatos presidenciales, senadores y diputados, la de alcaldes y regidores.
Parece difícil, o quizás imposible, actuar desde la política contra los políticos, pero en el hecho de retirarla media un trabajo que alguien debe hacer, y hay que buscar un lugar para depositarla como basura o como elemento para el reciclaje.
El resultado en los días previos a las elecciones es el de calles y espacios públicos abigarrados y llenos de carteles.
Y desde que tiende a bajar la tensión y el interés por el hecho electoral la población empieza a preguntarse, ¿cuándo serán puestos las vías y otros espacios públicos en las condiciones mínimas de higiene visual que tenían?
¿O ha intentado alguien encontrar el pequeño rótulo con el nombre de una vía entre la multitud de la propaganda política?
Lo menos que deberían hacer quienes han colgado sus carteles es integrarse a los esfuerzos de los ayuntamientos por meternos de nuevo en una normalidad de la que nos quejábamos antes de que las calles fueran inundadas con caras y colores de la política.
La densidad del tráfico, las dificultades para vérselas con los conductores de carros del concho y de minibuses con su peligrosa manera de manejarse en la operatividad de sus negocios, así como tener que cuidarse de las piruetas de los motociclistas, debería ser bastante.
Si es cierto que avanzamos, en este aspecto vamos en reversa.
