La Organización de Estados Americanos, reunida en la capital de los Estados Unidos de América, ha dado su respaldo a una renovada misión de seguridad en Haití, esta vez con carácter represivo, ante el inminente final de la misión policial de Kenia, iniciada y sostenida con el marcado objetivo de apoyar a las fuerzas de seguridad haitianas en su lucha contra las bandas armadas.
Antes de cualquier reacción por este paso de la OEA parece oportuno aclarar que esta unanimidad continental en relación con Haití tiene que encontrar eco en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Sin este respaldo la situación haitiana en materia de seguridad volvería al punto en que se encontraba antes de la llegada de los policías kenianos, que nunca han sido comprendidos por la generalidad de los dominicanos.
En realidad en esta parte de la isla predominaban las expectativas de unos agentes extranjeros —no sólo kenianos, por cierto— batiéndose con las bandas armadas en Puerto Príncipe y otros puntos en las que estas han demostrado su pujanza, particularmente el entorno del Artibonito y el suroeste.
Desde el principio la presencia policial extranjera fue anunciada como una misión de apoyo.
Y tal vez esta es la razón por la que tanto la administración provisional haitiana, como ahora la OEA, abogan por un cambio de “apoyo” a represión directa, un hecho que ojalá haya sido bien valorado, porque hasta hoy los haitianos han sido incapaces de conservar los espacios de seguridad, administración y estabilidad ganados para ellos por gobiernos extranjeros.
Todavía, por cierto, queda por definir quién va a pagar, y cómo lo hará.
La misión de Kenia en Haití, según la información conocida, tuvo el apoyo económico del Gobierno estadounidense, que aportó 200 millones de dólares.
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