Los haitianos indocumentados apresados transitaban por las calles del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, La Vega, Santiago y Dajabón.
SANTO DOMINGO.- El Centro Montalvo hizo un llamado al Gobierno dominicano a retomar medidas migratorias con Haití con apego a la legalidad.
La entidad consideró que las autoridades gubernamentales deben actuar acorde a los grandes principios del derecho internacional y de la mejor experiencia diplomática, “resistiendo a la tentación de soluciones precipitadas y violentas, pero sobre todo injustas, en búsqueda de chivos expiatorios para ganar legitimidad política”.
Cuestionaron las medidas tomadas por Migración, Interior y Policía y el Ministerio de Salud Pública de deportar mujeres haitianas embarazadas, donde ignoran los acuerdos internacionales de organismos donde República Dominicana forma parte y desconociendo la legislación creada por el Congreso dominicano.
«La Constitución estatuye que es atribución del Congreso Nacional establecer las normas de migración y el régimen de extranjería (Art. 93, letra h).En sus atribuciones, el congreso dominicano ha establecido consecuentemente en la Ley de migración que “En los casos que proceda la deportación o expulsión de extranjeros, se realizarán con el debido respeto a los derechos humanos, conforme lo disponen las leyes vigentes y los acuerdos ratificados por la República Dominicana». E inmediatamente aclara en el numeral 1 del artículo 28 que «1. Todo centro de salud que al momento de ofrecer su asistencia de parto a una mujer extranjera que no cuente con la documentación que la acredite como residente legal, expedirá una Constancia de Nacimiento de color rosado diferente a la Constancia de Nacimiento Oficial, con todas las referencias personales de la madre», aclaran en el documento.
El artículo 134 del reglamento de la ley de migración establece claramente con respecto a la detención lo siguiente: «PÁRRAFO.- La detención será el último recurso, de modo que la autoridad migratoria sólo la utilizará en caso que se estimen insuficientes los demás recursos descritos de este Reglamento. La detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo». Nunca quiere decir: jamás, bajo ninguna circunstancia.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en su artículo 28, numerales 8 y 9, lo siguiente: «8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. 9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros».
El organismo precisó que el comunicado emitido ayer por las Naciones Unidas es una crónica de una muerte anunciada y llaman al Estado acatar su petición de forma razonable y responsable.
“Acatar la petición de la ONU de suspender la aplicación de las medidas tomadas por el Consejo Nacional de Migración constituye también un acto de soberanía. Sería una acto razonable y responsable de soberanía nacional consecuente con la Carta Internacional de los Derechos Humanos, de las que el país es signatario”, puntualizan.
A continuación el comunicado integro:
Hace un par de semanas, los jesuitas que realizan su labor en Haití hicieron público un documento titulado «Grito de alarma», en el que se pronunciaban valientemente ante la gravísima situación por la cual está pasando el pueblo haitiano.
Nos fue de mucha satisfacción ver cómo sus palabras retumbaron a través de las redes sociales en muchos corazones de buena voluntad del lado dominicano: «No es posible que veamos pasiva o
cínicamente cómo se marchita todo un pueblo», nos advertían nuestros hermanos desde el país vecino.
Ahora es el momento de retomar, del lado dominicano, los grandes principios del derecho internacional y de la mejor experiencia diplomática, resistiendo a la tentación de soluciones precipitadas y violentas, pero sobre todo injustas, en búsqueda de chivos expiatorios para ganar legitimidad política. Las medidas que se deben de tomar en estos momentos del lado dominicano han de evitar que paguen justos por pecadores. En ese sentido, muchos actores dominicanos pidieron al gobierno dominicano revocar la decisión que había tomado de suspender el visado al estudiantado universitario. El Presidente de la República apareció al día siguiente ofreciendo las aclaraciones de lugar; sin embargo, la misma lógica política y mediática que sustentaba aquel desatino ha
continuado en los días subsiguientes, primero creando un lenguaje guerrerista hacia Haití y luego persiguiendo de manera inmisericorde a mujeres embarazadas.
Nueva vez se comprende mal el sentido político y jurídico de la soberanía. La soberanía no otorga un cheque en blanco para hacer cualquier cosa en un territorio nacional. La soberanía es la instancia suprema a la que se somete todo el ordenamiento estatal, que en el caso de los Estados contemporáneos formalmente laicos, es el orden constitucional. La clase política no parece hacer caso a Dios, ni se conduce con una ética humanista; solo parece hacer caso a la presión mediática y a la coacción del ordenamiento jurídico. Debe quedar claro que violar el propio ordenamiento legal constituye un atentado a la soberanía. Pues bien, forma parte del orden constitucional el respeto irrestricto de los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos internacionales
suscritos por las autoridades competentes.
La reciente medida mediática de deportar mujeres haitianas embarazadas, apoyada sobre estadísticas inconsistentes del Ministro de Salud, y de torpezas discursivas del Director de Migración y del Ministro de lo Interior, viola el propio ordenamiento constitucional, además de levantar cuestionamientos sobre la capacidad profesional e intelectual de importantes funcionarios de este gobierno.
La Constitución estatuye que es atribución del Congreso Nacional establecer las normas de migración y el régimen de extranjería (Art. 93, letra h).En sus atribuciones, el congreso dominicano ha establecido consecuentemente en la Ley de migración que “En los casos que proceda la deportación o expulsión de extranjeros, se realizarán con el debido respeto a los derechos humanos, conforme lo disponen las leyes vigentes y los acuerdos ratificados por la República Dominicana”.
E inmediatamente aclara en el numeral 1 del artículo 28 que «1. Todo centro de salud que al momento de ofrecer su asistencia de parto a una mujer extranjera que no cuente con la documentación que la acredite como residente legal, expedirá una Constancia de Nacimiento de color rosado diferente a la Constancia de Nacimiento Oficial, con todas las referencias personales de la madre».
El artículo 134 del reglamento de la ley de migración establece claramente con respecto a la detención lo siguiente: «PÁRRAFO.- La detención será el último recurso, de modo que la autoridad migratoria sólo la utilizará en caso que se estimen insuficientes los demás recursos descritos de este Reglamento. La detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo». Nunca quiere decir: jamás, bajo ninguna circunstancia.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en su artículo 28, numerales 8 y 9, lo siguiente: «8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. 9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros».
La expulsión en caliente de las embarazadas se ha hecho de manera colectiva. El comunicado de la ONU publicado con fecha del 16 de noviembre de 2021 no es más que la crónica de una muerte anunciada. La ONU no ha dicho otra cosa que lo que la misma República Dominicana ha prometido en su ordenamiento constitucional. Acatar la petición de la ONU de suspender la aplicación de las medidas tomadas por el Consejo Nacional de Migración constituye también un acto de soberanía. Sería una acto razonable y responsable de soberanía nacional consecuente con la Carta Internacional de los Derechos Humanos, de las que el país es signatario.
Es difícil tratar este asunto con un ambiente político contaminado por un ultranacionalismo oportunista que no obtempera ni siquiera la propia legalidad. Pero sentimos la responsabilidad de insistir, una vez más, sabiendo que vendrán los concitados insultos, que es tiempo de recapacitar. Es el tiempo de volver a retomar el tono cooperativo de la política bilateral proclamada el 12 de enero pasado desde el mismo Palacio Nacional. Se trata de poner nuestro grano de arena diplomático y responsable en el necesario reordenamiento de Haití. Frases retóricas en foros internacionales como «no hay solución dominicana para el problema haitiano» no ayudan en nada. Porque, ¿quién ha sostenido semejante tesis en alguna parte del planeta? A nuestro entender, se trata de una frase dirigida para ganar más aprobación política. Tampoco ayuda el manejo de una situación tan compleja a través de cortos y amenazantes mensajes en las redes sociales.
La reciente encíclica Fratelli Tutti exhorta a asumir el reto de las relaciones internacionales con nuevo ímpetu: «… “en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad xenófoba, de gente cerrada y replegada sobre sí misma”. Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y
se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Por lo tanto, deben ser “protagonistas de su propio rescate”. Nunca se dirá que no son humanos pero, en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos.
Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe: la inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno» (Fratelli Tutti, núm. 39).
El papa Francisco dice también comprender «que ante las personas migrantes algunos tengan dudas y sientan temores. Lo entiendo como parte del instinto natural de autodefensa» (núm. 41); pero este instinto no debe ser obstáculo invencible para que busquemos unidos caminos de solidaridad, promoviendo una respuesta internacional efectiva ante el sufrimiento de todo un pueblo, especialmente de sus sectores más desprotegidos y vulnerables.
