Las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral son dos piezas legislativas que transgreden de manera franca la libertad de expresión, un derecho que sobresale sobre los demás por ser el que usamos para reclamar los otros derechos.

La libertad de expresión, contrario a lo que cree mucha gente, no es exclusiva de periodistas o de quienes suelen usar cotidianamente los medios de comunicación.

Es un derecho de todos los ciudadanos y lo resguarda nuestra Constitución y todos los tratados internacionales sobre derechos fundamentales.

Políticos malsanos, que aplican tácticas de fuerza en procura de la impunidad, suelen aprovechar cualquier circunstancia para tratar de reducir la libertad de expresión en un intento de no ser sometidos a escrutinios y a críticas.

Esas dos leyes consignan penas de prisión contra personas que hagan comentarios negativos o que empañen la imagen de precandidatos o candidatos.

No se refieren a expresiones injuriosas o difamatorias, sino a expresiones que, aunque sean ciertas, no sean del agrado de los políticos.

La difamación y la injuria están castigadas por varias legislaciones, incluyendo el Código Penal y la Ley sobre difusión y expresión del pensamiento, lo cual deja claro que la intención del legislador y los promotores de las leyes en cuestión es coartar la libertad de expresión para lograr impunidad de sus acciones delictivas o inmorales.

Esas dos leyes contienen muchos aspectos contrarios a las libertades fundamentales y son una amenaza clara contra la libertad de expresión.