El país transita por un periodo muy singular, donde los legisladores al parecer no cuentan con el tiempo ideal para emplearse a fondo y conocer proyectos y piezas pendientes desde hace varias décadas, y que año tras año entran y salen de periodos legislativos ordinarios y extraordinarios.

No resulta una sorpresa la decisión que acaba de tomar el Senado de la República Dominicana con la aprobación de lo que llama “Agenda priorizada”, con el objetivo de conocer, y tratar de aprobar, varios proyectos importantes y necesarios para el país.

¿Podremos contar en esta legislatura ordinaria con una ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y erradicación de la Violencia contra la mujer? O, qué tipo de garantía podrá tener la sociedad para la aprobación de la ley mediante la cual se prohíbe el cobro de dinero por concepto de depósito a pacientes que ingresan en las emergencias de los centros privados de salud.

Y qué decir del proyecto de ley mediante el cual se modifica la Ley 166-12, sobre el Sistema Dominicano de Calidad (Sidocal)?

El compromiso que hace el Senado es amplio en su “Agenda priorizada”, pero vamos a quedarnos con estas tres leyes que apuntan a demandas que incidirán en solucionar problemas que acogotan y afectan sensiblemente a la sociedad dominicana.

Indudablemente que no constituye ninguna garantía que la alta cámara se haya comprometido a crear una “Comisión especial” para darle seguimiento a su “Agenda priorizada”.

En tal sentido, los sectores más sensibles de la sociedad dominicana deben estar alerta, con el objetivo de que estos proyectos, finalmente, se conviertan en leyes.