Sábado, 23 de marzo, 2019 | 7:57 am

Leyes de retroceso



Las leyes de Partido y la de Régimen Electoral han puesto de manifiesto que en nuestros actores políticos persiste el germen del absolutismo y autoritarismo, además de su impenitente inclinación al clientelismo.

En ambas piezas se acentúan las dificultades legales para que surjan y se fortalezcan nuevas opciones electorales.
También se ponen límites astronómicos a los gastos de precampaña y de campaña, génesis de muchos de los actos de corrupción que se producen en el Estado.

Esos mismos actores han querido engañar a la población cargándole el costo de sus procesos internos, a pesar de que la ley indica con claridad que a ellos les toca pagar su fiesta.

También da marcha atrás a la conquista de garantizar un mínimo de puestos de elección a las mujeres.

En ambas leyes se incluye una barbaridad que no se les ocurriría ni a los más despóticos regímenes de fuerzas imaginables: condenar con prisión a quien haga comentarios negativos de un precandidato o de un candidato.
Fíjese bien que no se trata de condenar la difamación y la injuria, que ya están castigados en el Código Penal vigente y en la ley sobre expresión y difusión del pensamiento.

Manda a meter a la cárcel a quien diga, por ejemplo, que tal candidato es incapaz o sacar a relucir acciones delictivas o inmorales pasadas reales, porque eso “afecta su imagen”.

Esas leyes, como han sido aprobadas, son un franco retroceso para la democracia dominicana y un peligro para las libertades públicas.