Wilfredo Mora
Desde Argentina, Brasil, Venezuela y Centroamérica, el interés para el desarme de la población fue parte de la agenda estratégica del combate a la criminalidad violenta.
Todos esos movimientos acaecidos en los años de 2003 y siguientes, ahora replican en nuestro país. ¿Por qué? Porque no se puede tolerar más una alta tasa de homicidios.
En Santo Domingo, se teme más a la criminalidad del robo, del atraco a mano armada, del asalto a los negocios; esto entraña una criminalidad del nivel más primitivo de una sociedad determinada.
En 2003, la Ley 10826 —conocida como el Estatuto de Desarme—, en Brasil, significó una disminución de la tasa de homicidio.
En Argentina, en Venezuela, leyes similares para el desarme han servido para construir un mapa de la violencia en ciudades y municipios. Es cierto que el problema actualmente ha aumentado, pero existe una norma de contención y muchos países no la tienen.
No puede relevarse la cuestión de que el control deficiente y medida pocos eficaces de las armas pueda hacerse sin una legislación práctica.
En nuestro país, se reconoce que ha llegado el momento de revisar el desarme de las armas de fuego, aunque sea con un decreto presidencial, como una medida contra la delincuencia.
En Brasil, fue la sociedad civil la que alcanzó el Estatuto de Desarme, una legislación que prevé un riguroso control de todas las fases de la circulación de armas y municiones, desde la producción hasta la destrucción de armas recogidas, pasando por los requisitos para la posesión y porte.
La sociedad dijo basta y el gobierno accedió.
Nosotros, que no hemos logrado mucho respecto al fácil acceso a las armas de fuego en la población, disponemos una ley de armas obsoleta; debemos al menos, crear una campaña de desarme.
Y luego veremos cómo se engrandece el interés y hasta surgiría una Red de monitoreo de las armas ilegales.
La investigación de las armas de fuego consiste en un levantamiento detallado de datos para mayor información y conocimiento; es por medio de entrevistas, acceso a informes, informaciones de prensa y denuncias anónimas como se logra dominar el problema. Particularmente se recomienda al Ministerio del Interior abrir una oficina para estos fines.
He aquí algunos modelos.
La “Red Desarma Brasil-Seguridad, Justicia y Paz” (2005) enfocada en cinco Estados de ese país; la “Red Argentina para el Desarme” (2016), creadora de los Programas Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Por un Día del Niño sin juguetes bélicos. Pero también del Observatorio de Desarme, que se ocupa de las Campañas de Desarme y las Políticas públicas de Control de armas de fuego.
Muy singularmente está la experiencia de desarme en El Salvador de antes, y por qué no, de ahora. La “Fundación para la Paz” (FIT, 2005), crearon el plan de Desmovilización, Reconstrucción y Paz Sostenible como proyecto nacional.
También Colombia, por la guerrilla. El desarme implica la destrucción de las armas incautadas, y la crisis que puede surgir con la acogida de la población de los revoltosos armados.
