La Dirección de Prevención y Persecución de la Corrupción Administrativa y la Procuraduría General de la República sometieron ayer, a través del Senado, un proyecto para modificar la ley que obliga a los funcionarios públicos a ofrecer su declaración jurada de bienes.
El proyecto busca establecer sanciones a los funcionarios que se hayan enriquecido e incrementado su patrimonio de manera ilícita. Implica penas de 5 a 10 años de prisión y multas equivalentes al doble del monto del incremento de los bienes del funcionario.
De ser aprobada la propuesta, los funcionarios corruptos quedarían inhabilitados para ocupar funciones públicas durante un período de 2 a 10 años.
La nueva ley derogaría la 82-79, que obliga a que hagan sus declaraciones, pero que no establece sanciones para quienes no la cumplan.
Según el proyecto, deben rendir cuentas el rector y los vicerrectores de la UASD, el presidente y miembros de la Junta Central Electoral, el presidente y los miembros de la Cámara de Cuentas, el Contralor, y el gobernador y vicegobernador del Banco Central, entre otros.
