Realizado por:
Nataniel de Dios, Génesis Paché, Yenifel Amador, Evelin Rodríguez y Carmen (Yanet) Féliz

Santo Domingo.- Ser proveedor del Estado, desde que entró en vigencia la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones pudo considerarse hasta hace meses como “un “acto de buena fortuna para algunos privilegiados”.

Armelina Sánchez Castillo, oferente del Programa de Alimentos Escolares, es testigo de la falta de transparencia que se registraron en ese proceso a través del Instituto de Bienestar Estudiantil (INABIE).

“Las trabas que teníamos en esa era el de preparar una cocina que tuviera la capacidad para competir, era lo único, pero yéndonos más lejos era la traba política porque les otorgaban la oportunidad a los amiguitos y compañeritos de la base, incluso por encima del mismo director del INABIE y como dice el refrán donde manda capitán no mada soldado”, reveló Carmelina Sánchez Castillo.

La oferente denunció que a partir del (2017) cuando entró en vigencia el proceso de licitación escuchó: “Fulano te resuelve… fulano me resuleve o funcionarios de la pasada gestión que iban a algunas cocinas y te decían tu me vas a dar tanto y yo te voy a conseguir tanto… Eso se usó a tal punto que conozco suplidores en la actualidad que cuando salieron del Gobierno invocaron delante de mí: “por fin soy libre”, rememoró.

El testimonio de Sánchez Castillo, así como los más recientes escándalos de corrupción que se ventilan en la justicia como “Operación Antipulpo¨, que involucran a familiares del expresidente Danilo Medina, “Operación Medusa”, al exprocurador Jean Alain Rodríguez, y el sonado caso de licitaciones multimillonarias de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) que involucra a Maxy Montilla, hermano de la ex primera dama de la República, son algunos ejemplos de las violaciones a la legislación.

El procedimiento de que familiares de funcionarios no deben participar como como concursantes para ser proveedores del Estado, hasta hace poco no se cumplía.

Fallas

Una de las principales debilidades que tiene el sistema de compras y contrataciones del Estado dominicano es la falta de mecanismos para que la elección de los oferentes o proveedores se haga de forma transparente. La Ley No. 340-06 establece en su artículo 35 que la entidad responsable de la organización, conducción y ejecución del procedimiento de licitación pública nacional o internacional es el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad contratante.

Ese mismo articulado establece que la misma institución que solicita el servicio es la que se encargará de elegir el o los oferentes. Esa condición se presta para muchas “artimañas” que terminan en acciones fraudulentas en contra del Estado, y que los beneficios de las adquisiciones queden en manos de unos pocos oportunistas que se “reparten la mayor parte del pastel”.

Juez y parte

La selección de los oferentes en un proceso de licitación pública, licitación pública abreviada, subasta inversa, sorteo de obras, contrataciones simplificadas y menores, queda a la merced de la institución interesada.

Otra muestra de la debilidad del proceso es que el Comité de Compras y Contrataciones está conformado por el director general o a quien éste designe, el encargado administrativo financiero o su delegado y el consultor jurídico. También figuran el encargado del departamento de Planificación y Desarrollo; el responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información, todos estos empleados de la entidad contratante, establece la ley y así lo confirmó un abogado que forma parte de un Comité, que no quiso identificarse.

La composición de esa comisión es avalada también por el Reglamento No. 543-12 en su artículo 36, donde expresa que las entidades contratantes comprendidas estructurarán un Comité de Compras y Contrataciones. Igual precisa que este será permanente y estará constituido por los cinco miembros antes mencionados. Partiendo de que los que se encargarán de la compra u obtención del servicio no tienen oponentes algunos en las decisiones pone en cuestionamiento: ¿Qué mecanismo permite que no se amañe el proceso para beneficiar a un oferente determinado?…

1era. modalidad robo

“La realidad es que las contrataciones públicas son históricamente la modalidad número uno de corrupción, de robo del dinero estatal y dentro de las contrataciones, las obras públicas hasta el día de hoy¨, así lo reconoció Carlos Pimentel, titular de Contrataciones Públicas.

El retraso en los pagos es otra de las trabas en las compras y contrataciones que generan protestas; el sucidio del ingeniero David Rodríguez de la OISOE fue el mejor ejemplo de la situación.

Empero, hubo la oportunidad de contrarrestar los delitos y acciones ilícitas que se orquestaron para apropiarse del erario público, que solo en los contratos del cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxy Montilla y las EDE, envuelven un estimado de $13,000 millones de pesos, de acuerdo a denuncias. El Estado fue capturado por la corrupción y en el país se desarrolló un entramado de impunidad y complicidad, grupos económicos legales e ilegales que se apropian, capturan el presupuesto público para perpetuarse en el poder, enriquecimiento ilícito y la acumulación, resalta Pimentel. Lo confirma el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional posicionándonos en la posición número 28 puntos de 100, ocupando el lugar 137 de 180 países, una pérdida de 2 puntos y 8 puestos en el ranking mundial con respecto al año 2018.

—1— Veeduría
En 2014 y 2015 a través de los decretos 188-14 y el 183-15 se crearon las Comisiones de Veedurías Ciudadanas, pero estas normativas no han llenado las expectativas.

—2— Inobservancia
Tras el ruido en la licitación de la Termoeléctrica Punta Catalina una comisión recomendó modificar aspectos de la Ley 340-06 para más transparencia, y no se tomó en cuenta.

—3— Suspensión
Pese a crear una Comisión de Veeduría, al Ministerio de Educación recién le suspendieron una compra de equipos porque proveedores se sientieron excluidos del proceso; hubo fallas.