Por: Tomás D. Guzmán Hernández
La Ley 30-26, sobre Medidas Pro-crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, promulgada el 18 de junio de 2026, llega en un momento particularmente importante para las finanzas públicas dominicanas. Su propósito declarado es promover el crecimiento sostenible, mejorar el cumplimiento tributario, fortalecer la disciplina fiscal y crear condiciones más favorables para la inversión y la generación de empleos. (Presidencia de la República Dominicana)
La discusión sobre esta legislación, sin embargo, no debería limitarse a sus modificaciones tributarias. Una reforma fiscal adquiere verdadera dimensión cuando se observa conjuntamente con el comportamiento del gasto público, la inversión estatal, la nómina, el pago de intereses y la trayectoria de la deuda. En otras palabras, recaudar mejor es indispensable, pero gastar mejor es igualmente importante.
La Ley 30-26 modifica diversas disposiciones del Código Tributario y de otras normas fiscales. Entre sus objetivos figura aumentar la presión tributaria de largo plazo mediante reglas más sencillas y previsibles. La legislación también introduce cambios que buscan facilitar el cumplimiento y mejorar la competitividad. Por ejemplo, redujo de 27 % a 15 % la retención del ISR aplicable a determinados pagos de empresas dominicanas a proveedores no residentes por licencias de software, regalías, derechos de autor, publicidad digital y servicios de almacenamiento en la nube. (Presidencia de la República Dominicana)
Pero el éxito de cualquier modificación tributaria dependerá, finalmente, de la capacidad del Estado para convertir mayores ingresos en mejores servicios públicos, infraestructura, productividad y oportunidades. Si el incremento de la recaudación termina absorbido principalmente por gastos permanentes, el efecto sobre el crecimiento potencial puede ser limitado.
Un presupuesto que crece con rapidez
La evolución presupuestaria de los últimos años muestra una expansión significativa de las necesidades financieras del Gobierno. El presupuesto del Gobierno Central pasó de aproximadamente RD$1.25 billones de gastos aprobados en 2023 a RD$1.42 billones en 2024, mientras que para 2026 el gasto se proyecta en RD$1.623 billones. La diferencia no es solamente cuantitativa: también importa qué proporción de esos recursos se dedica a gasto corriente y cuánto queda disponible para inversión. (DIGEPRES)
Cuadro 1. Evolución del gasto del Gobierno Central
Millones de RD$, presupuesto/apropiación; 2026 corresponde a proyección presupuestaria
| Año | Gasto total | Gasto corriente | Gasto de capital | Corriente (%) | Capital (%) |
| 2022 | 1,173,737* | 1,013,853 | 159,884 | 86.4 | 13.6 |
| 2023 | 1,247,578 | ≈1,092,403 | 155,175 | ≈87.6 | ≈12.4 |
| 2024 | 1,418,687 | ≈1,262,900 | ≈155,800 | ≈89.0 | ≈11.0 |
| 2025 | ≈1,500,000 | ≈1,300,000 | ≈200,000 | ≈86.7 | ≈13.3 |
| 2026 | 1,622,833 | 1,407,549 | 215,285 | 86.7 | 13.3 |
2022 corresponde al gasto efectivamente ejecutado; los restantes años son cifras presupuestarias/proyectadas y, por tanto, no constituyen una serie estrictamente homogénea.
Fuente: DIGEPRES, leyes e informes presupuestarios 2022-2026. (DIGEPRES)
La tabla permite observar una característica estructural: el gasto corriente domina ampliamente el presupuesto. Esto reduce el margen de maniobra del Gobierno cuando aparecen shocks externos, aumentan las tasas de interés o se deterioran las recaudaciones.
En 2026, DIGEPRES proyecta un gasto corriente de RD$1,407,548.7 millones, equivalente al 86.7 % del gasto total, frente a RD$215,284.7 millones de gasto de capital. Dentro del gasto corriente, las remuneraciones, las transferencias y los intereses de la deuda constituyen componentes particularmente relevantes. (DIGEPRES)
El problema no es que el gasto corriente sea necesariamente improductivo. Educación, salud, seguridad, justicia, protección social y servicios públicos requieren gastos permanentes. El desafío consiste en impedir que el crecimiento de las obligaciones rígidas termine desplazando sistemáticamente la inversión pública.
El gasto de capital: la variable que más interesa al crecimiento
El gasto de capital representa la parte del presupuesto que, en principio, tiene mayor capacidad para ampliar la infraestructura y la capacidad productiva de la economía: carreteras, acueductos, hospitales, escuelas, transporte, infraestructura energética, viviendas y otras obras.
En 2022, por ejemplo, el Gobierno Central ejecutó RD$159,884 millones en gasto de capital, equivalentes al 13.6 % del gasto total. Dentro de esa inversión se incluyeron transferencias de capital, formación bruta de capital fijo y construcción de infraestructura. (DIGEPRES)
La comparación obliga a formular una pregunta: ¿cuánto de cada peso adicional recaudado mediante una reforma fiscal terminará financiando inversión productiva y cuánto será absorbido por compromisos corrientes?
Esta interrogante adquiere mayor importancia cuando el país enfrenta simultáneamente necesidades de infraestructura, presión sobre el sistema eléctrico, déficit de transporte colectivo, demanda de agua potable y saneamiento, construcción de viviendas y mayores requerimientos de salud y educación.
La Ley 30-26 debería ser evaluada, por tanto, no solamente por los pesos adicionales que pueda recaudar, sino también por el destino económico y social de esos recursos.
La deuda pública y el espacio fiscal
La segunda gran variable es la deuda. La Dirección General de Crédito Público reportó que la deuda del Sector Público No Financiero alcanzó US$61,549.9 millones al cierre de 2025. Al 30 de junio de 2026 había aumentado hasta US$67,370.7 millones, equivalente al 47.9 % del PIB estimado. De ese monto, 71.2 % correspondía a deuda externa y 28.8 % a deuda interna. (Crédito Público)
Cuadro 2. Evolución de la deuda del Sector Público No Financiero
| Año | Deuda SPNF, US$ millones | Deuda/PIB |
| 2022 | ≈52,000 | 45.5 % |
| 2023 | 54,828.8 | 45.4 % |
| 2024 | 57,587.2 | 46.3 % |
| 2025 | 61,549.9 | 47.9 % |
| 2026* | 67,370.7 | 47.9 % |
Junio de 2026. No es cierre anual.
Fuente: Dirección General de Crédito Público. (Crédito Público)
La cifra de 2026 debe interpretarse con cuidado. El Plan de Financiamiento 2026 estima que la deuda del Gobierno Central cerraría el año alrededor de US$64,923.7 millones, equivalente al 49.1 % del PIB, bajo los supuestos utilizados para la formulación del plan. Esta cifra no es idéntica a la deuda del SPNF observada a junio, porque se trata de diferentes conceptos y momentos de medición. (Crédito Público)
Lo importante es la tendencia. La deuda no puede analizarse únicamente por su relación con el PIB. También deben observarse los intereses, los vencimientos, el tipo de cambio, la composición entre deuda interna y externa y la capacidad de generar ingresos fiscales.
En 2022, los intereses de la deuda pública consumieron RD$184,159.7 millones del gasto corriente del Gobierno Central. En el presupuesto de 2026, los intereses representan aproximadamente 23 % del gasto corriente. (DIGEPRES)
Cada peso destinado al servicio de la deuda es un peso que no puede utilizarse simultáneamente para una carretera, un hospital, una escuela o un programa social. Por ello, la sostenibilidad fiscal exige controlar no solo el déficit de hoy, sino también el costo financiero de las decisiones tomadas en el pasado.
La expansión de la nómina pública
Otro elemento que debe incorporarse al análisis es el crecimiento del empleo público.
Los datos de la serie mayo-mayo recopilada a partir de registros de la seguridad social muestran una expansión sostenida de la nómina estatal. En mayo de 2022 había 679,475 empleados públicos; en mayo de 2023 eran 697,454; en mayo de 2024, 722,168; en mayo de 2025, 744,271; y en mayo de 2026, 780,060. (Panorama)
Cuadro 3. Evolución de la nómina pública
| Año | Empleados públicos | Variación anual |
| 2022 | 679,475 | — |
| 2023 | 697,454 | +17,979 |
| 2024 | 722,168 | +24,714 |
| 2025 | 744,271 | +22,103 |
| 2026 | 780,060 | +35,789 |
Fuente: Serie de registros de seguridad social citada por CREES; cortes correspondientes a mayo de cada año. (Panorama)
Entre mayo de 2022 y mayo de 2026 se incorporaron aproximadamente 100,585 personas a la nómina pública, un aumento cercano al 14.8 %. El incremento de 2025 a 2026 fue particularmente elevado, con 35,789 empleados adicionales.
Debe aclararse que estas cifras de trabajadores públicos no son idénticas al concepto presupuestario de “remuneraciones”. La nómina representa personas registradas; el presupuesto registra recursos destinados a salarios y otros componentes de la clasificación económica del gasto.
No obstante, ambas variables están relacionadas. Una expansión permanente de la nómina aumenta los compromisos recurrentes del Estado: salarios, aportes a la seguridad social, regalía, vacaciones, prestaciones y, en determinados casos, obligaciones futuras de pensiones.
En 2026, DIGEPRES proyecta RD$376,964.2 millones en remuneraciones del Gobierno Central. Esta cifra representa casi 70 % del gasto de consumo y alrededor de 27 % del gasto corriente. (DIGEPRES)
Cuadro 4. Remuneraciones de empleados públicos
| Año | Remuneraciones del Gobierno Central, RD$ millones | Observación |
| 2022 | 276,802.7* | Ejecutado |
| 2023 | ≈297,647 | Presupuesto |
| 2024 | 336,016.9 | Presupuesto original |
| 2025 | ≈350,000 | Presupuesto |
| 2026 | 376,964.2 | Proyección |
En 2022 corresponde al monto ejecutado dentro de gastos de consumo.
Fuente: DIGEPRES, informes de ejecución y marcos presupuestarios. (DIGEPRES)
La evolución revela una realidad que debe ser considerada en cualquier reforma fiscal: el Estado necesita ingresos permanentes para financiar obligaciones permanentes. Si la nómina, los intereses, las transferencias y otros gastos rígidos crecen más rápidamente que los ingresos, la política fiscal pierde capacidad de maniobra.
¿Qué puede cambiar la Ley 30-26?
La Ley 30-26 debe valorarse dentro de esta estructura fiscal. No se trata solamente de cobrar más impuestos, sino de construir un sistema tributario que sea sencillo, previsible, equitativo y capaz de acompañar el crecimiento económico.
Uno de sus objetivos es elevar la presión tributaria de largo plazo. Esto resulta comprensible en una economía donde las necesidades públicas aumentan mientras la estructura tributaria enfrenta elevados niveles de exenciones, tratamientos especiales e informalidad.
Pero existe una condición indispensable: la sociedad aceptará con mayor facilidad una mayor contribución tributaria si percibe que el Estado administra con eficiencia los recursos obtenidos.
La legitimidad de la reforma fiscal depende, por tanto, de dos lados de la ecuación. Del lado de los ingresos, debe existir mayor eficiencia recaudatoria y menor evasión. Del lado del gasto, deben existir controles, evaluación de resultados, transparencia y una priorización más estricta de la inversión pública.
La propia Ley 30-26 plantea principios de equidad, progresividad y capacidad contributiva. (Presidencia de la República Dominicana) Estos principios deberían reflejarse no solamente en quién paga los impuestos, sino también en cómo se utilizan los recursos recaudados.
El reto de la eficiencia
El problema fiscal dominicano no puede resolverse exclusivamente mediante aumentos de impuestos. Tampoco puede resolverse solamente mediante recortes de gastos.
Una política fiscal moderna debe perseguir simultáneamente cuatro objetivos:
- Aumentar la capacidad recaudatoria sin deteriorar la competitividad.
- Reducir la evasión y la informalidad.
- Contener el crecimiento de los gastos rígidos.
- Elevar la calidad y rentabilidad social de la inversión pública.
La experiencia de los últimos años demuestra que la economía dominicana posee capacidad para crecer y generar ingresos. Sin embargo, el crecimiento económico por sí solo no garantiza sostenibilidad fiscal.
La prueba estará en determinar si el aumento de los ingresos tributarios permite reducir el déficit, moderar el crecimiento de la deuda y aumentar la inversión pública, o si simplemente financia una estructura creciente de gastos corrientes.
Conclusiones
La Ley 30-26 constituye una pieza importante dentro de la política económica dominicana de 2026. Su orientación hacia la simplificación tributaria, el cumplimiento y la sostenibilidad fiscal puede contribuir a mejorar el clima de inversión y la capacidad recaudatoria. (Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo)
Sin embargo, una reforma tributaria no puede evaluarse aisladamente. Entre 2022 y 2026 el presupuesto, la deuda, las remuneraciones y la nómina pública muestran una tendencia expansiva que obliga a prestar mayor atención a la calidad del gasto.
El principal desafío consiste en conseguir que cada peso adicional recaudado genere un beneficio económico y social superior a su costo para el contribuyente.
La República Dominicana necesita más ingresos públicos, pero también necesita mayor productividad del gasto. Necesita infraestructura, pero debe evitar que la inversión quede subordinada a la expansión de los gastos permanentes. Necesita financiar educación, salud y seguridad, pero debe medir sus resultados. Y necesita mantener acceso a los mercados financieros sin permitir que el servicio de la deuda limite progresivamente el espacio para las políticas públicas.
En definitiva, el éxito de la Ley 30-26 no debería medirse únicamente por los millones de pesos que la Dirección General de Impuestos Internos consiga recaudar. Debería medirse por una ecuación más amplia: mayor recaudación + mejor gasto + menor evasión + mayor inversión productiva + deuda sostenible = mayor crecimiento económico y bienestar social.
Ese es, probablemente, el verdadero examen de la reforma fiscal dominicana.
Bibliografía
- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). Ley de Presupuesto General del Estado 2022 e informes de ejecución presupuestaria 2022. (DIGEPRES)
- DIGEPRES. Ley de Presupuesto General del Estado 2023 e Informe Explicativo y Marco de Gasto de Mediano Plazo. (DIGEPRES)
- DIGEPRES. Ley de Presupuesto General del Estado 2024 e Informe de Ejecución Presupuestaria 2024. (DIGEPRES)
- DIGEPRES. Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2025-2029. (DIGEPRES)
- Dirección General de Crédito Público. Estadísticas de Deuda Pública y evolución de la deuda del Sector Público No Financiero. (Crédito Público)
- Dirección General de Crédito Público. Plan de Financiamiento 2026. (Crédito Público)
- Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Leyes Tributarias: Ley 30-26.
- Presidencia de la República Dominicana. Promulgación de la Ley 30-26, 18 de junio de 2026. (Presidencia de la República Dominicana)
- Ministerio de Hacienda y Economía. Información oficial sobre las modificaciones tributarias de la Ley 30-26. (Ministerio de Hacienda y Economía)
- Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES). Datos sobre evolución de la nómina pública, con base en registros de seguridad social. (Panorama)
leídas
