Los actores gubernamentales son lentos, por no decir morosos, al atender los asuntos del Sistema de la Seguridad Social que afectan al afiliado.

Los ejemplos abundan en lo relativo a mejoras del catálogo de servicio, solución de trabas impuestas por los intermediarios a las coberturas de los afiliados, revisión de la comisión asignada a las administradoras de fondos de pensiones, financiación de la Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA), negación de coberturas, copago excesivo, fraudes de médicos y clínicas contra el Seguro Familiar de Salud y una larga lista de etcéteras.

En esos casos, se toman su tiempo, abundan los ejercicios de prudencia y la política del consenso se convierte casi en un credo.

Sin embargo, cuando se trata de atender requerimientos de los agentes del “negocio” alrededor de la Seguridad Social, es sorprendente lo afinados y diligentes que se muestran.

En menos de 24 horas el Ministro de Trabajo, la Superintendencia de Fondos de Pensiones y el Gerente General de la Seguridad Social se pronunciaron planteando fórmulas en lo referente a los Fondos de Pensiones, la pata del trípode de la Seguridad Social que está en el sector financiero.

Celebramos la celeridad con la que esos entes estatales abordan el tema en cuestión, pero llama la atención la lentitud, a veces vestida de burocracia, con la que atienden los asuntos cuando el afiliado es el interesado.

No dudamos de las buenas intenciones que mueven a los funcionarios que dirigen los órganos del Sistema de la Seguridad Social y de su compromiso social, pero hay que hacer un mayor esfuerzo para que el afiliado se sienta realmente prioritario.