Santo Domingo.–El Congreso Nacional, en sus dos cámaras (senadores y diputados), arriba a su primer mes de trabajo con mucho movimiento, pero aún sin tocar fondo con los temas que fueron priorizados por los presidentes de ambas cámaras al inicio de la legislatura.
Seguridad Social, Código Laboral, Código Civil, Ley de Agua y reforma de la Policía Nacional aparecen como puntos comunes dentro de las prioridades anunciadas por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco al abrirse los trabajos el pasado 16 de agosto.
De los Santos reiteró expresamente al día siguiente que el Senado trabajaría con una “agenda priorizada” en la que figuran la reforma de la Seguridad Social, el Código Laboral, el Código Civil, la Ley de Agua y la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Pacheco presentó una lista similar para la Cámara de Diputados: Código de Trabajo, Seguridad Social, regulación de medios digitales en los procesos judiciales, Código Civil, Ley de Agua y Salud Mental, además de otras iniciativas que permanecen pendientes.
Pero transcurrido el primer mes, del 16 de agosto al 15 de septiembre, una revisión de las actividades desarrolladas por ambos órganos muestra una dinámica legislativa mucho más dispersa.
Legislatura en el Senado
En la Cámara Alta, los primeros días estuvieron necesariamente destinados como suele suceder a reorganizar sus comisiones.
La Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, por ejemplo, entró al análisis de dos iniciativas relacionadas con la protección y regulación de la zona costera marina, con miras incluso a su posible fusión.
Aunque el asunto toca la administración de recursos naturales, esos proyectos no constituyen la Ley de Agua colocada dentro de la agenda priorizada.
La Comisión de Turismo también retomó el proyecto sobre turismo náutico de recreo y recibió las opiniones de representantes de los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, la Armada Dominicana y la Autoridad Portuaria.
Hacienda, entretanto, inició el análisis del proyecto que busca regular los juegos de azar mediante una comparación entre el texto aprobado previamente por el Senado y los cambios realizados en la Cámara de Diputados.
A ello se suman los trabajos sobre inteligencia artificial, recetas médicas electrónicas y una nueva legislación integral contra la violencia hacia las mujeres.
En este último caso hubo incluso trabajo conjunto entre las comisiones de Familia y Equidad de Género del Senado y de la Cámara de Diputados, junto al Ministerio de la Mujer, para intentar armonizar diversas iniciativas en un solo marco normativo.
También fue iniciada una discusión sobre la actualización de la legislación de drogas ante la expansión de las sustancias sintéticas.
Se trata de proyectos con alcance propio y, en algunos casos, de interés nacional, pero que nuevamente dejan ver que la producción inmediata del Senado ha caminado por una vía distinta a los proyectos priorizados.
Legislatura en la Cámara de Diptuados
Mientras tanto en la Cámara de Diputados el comportamiento ha sido similar, aunque con una añadidura de fiscalización por un conversatorio sostenido con el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Adolfo Pérez.
A principios de mes, la Cámara Baja aprobó en primera lectura el proyecto que establece la enseñanza obligatoria de Educación Moral y Cívica en los centros educativos públicos y privados.
En esa misma sesión se aprobaron grupos de resoluciones solicitando mercados, escuelas, cárceles, puentes, carreteras y otras obras para diferentes comunidades.
Días antes, la Comisión Permanente de Familia había conversado con representantes de la FAO y del programa Mesoamérica sin Hambre sobre los proyectos de alimentación escolar y nutricional y agricultura familiar.
Ambas iniciativas habían perimido y la comisión informó su intención de volver a someterlas durante la actual legislatura.
Parte de la actividad de la Cámara de Diputados estuvo destinada igualmente a resoluciones de reconocimiento.
Sí tuvieron una actuación que toca de manera más directa uno de los asuntos que Pacheco había incluido entre las prioridades: el pleno creó una comisión especial para estudiar la modificación de la Ley 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial.