SANTO DOMINGO.-La carencia de un régimen sancionador capaz de disuadir a los actores políticos de realizar actos proselitistas antes de la fecha prevista por las leyes electorales, es igual en lo relativo al uso de los recursos del Estado en la campaña electoral.

La Ley Electoral 20-23 circunscribe esta práctica al régimen de sanciones de carácter administrativo, centrándose en limitar a los funcionarios electos de, en las actividades propias de sus funciones, realizar manifestaciones de carácter proselitista.

En iguales términos quedan aquellos que, por la posición que devengan en el Gobierno central, deben renunciar a la misma.

En caso de no hacerlo, la sanción es similar y consiste en una multa de uno a doscientos salarios mínimos, monto que ha sido cuestionado por algunos delegados políticos ante la JCE, ya que no representa una carga de interés para un alto ejecutivo o funcionario.

El uso de los recursos del Estado es un tema recurrente en campaña electoral, casi siempre esgrimido por la dirigencia de los partidos opositores, sin embargo, hasta la fecha nunca se han producido sanciones por acusaciones de ese tipo.

Denuncia
Ayer, el Partido Fuerza del Pueblo (FP) se sumó a una denuncia de tipo similar que hiciera semanas atrás el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), acusando al oficialismo de utilizar los recursos del Estado para promoverse. El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, denunció que, desde el Palacio Nacional, se ha puesto en marcha la “operación bono por voto”.

Presentó un informe en el que aseguran que la entrega del Bono Navideño de 1,500 pesos a 2.5 millones de dominicanos, supera la cantidad de hogares en condición de extrema pobreza que computan de unos 594,270.

La denuncia de la FP, junto a la presencia de un camión con propaganda de un candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la acusación formulada por el PLD ante la JCE en la que detallan algunos eventos que consideran ilegales, no pasa desapercibida en el partido de gobierno.

Reacciones
La secretaria general del PRM, Carolina Mejía, aseguró ayer al salir de una actividad, que los de su partido se reunirían para tratar sobre las denuncias formuladas por la oposición.

Del tema también han hablado legisladores del PRM negando las mismas y conectando dicho accionar con la denuncia previa de la organización de que se había estado tramando una campaña sucia para desacreditar el Gobierno.

Sobre el incidente registrado en una dotación militar y que llevó a la sustitución del personal que le dirigía, la JCE emitió un comunicado rechazando el accionar.

“La JCE en su rol de máxima autoridad en materia de administración y organización de los procesos electorales en la República Dominicana, tiene a bien manifestar su más profundo y contundente rechazo al acto acontecido en las instalaciones que alojan la sede del Décimo Tercer Batallón de Infantería”, dice el comunicado.

El llamado

—Injusticia
La JCE pidió a los funcionarios designados por el Ejecutivo y a las autoridades de elección popular, a abstenerse de utilizar los actos públicos para beneficiar o generar ventajas de candidaturas.