Santo Domingo.- El director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), Víctor Terrero, afirmó que las poblaciones a las que se desconocen sus derechos están más expuestas a la transmisión del VIH.
“Esto queda demostrado en que mientras la prevalencia del VIH es de apenas 0.8 por ciento en la población general, en una población tan vulnerable como la de los hombres que tienen sexo con hombres supera el 5 por ciento”, advirtió.
El funcionario intervino en el acto de presentación de un protocolo de atención para jueces y fiscales sobre grupos vulnerables, una cartilla para poblaciones clave desde la perspectiva de los tomadores de decisión y un manual de alfabetización legal, entre otros materiales preparados por el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN).
Terrero refirió que las poblaciones clave son objeto de diversas formas de discriminación en varios escenarios, entre ellos la salud, el mercado laboral y la educación.
“Cuando discriminamos -añadió- nos estamos olvidando de que la igualdad es un derecho constitucional”.
En su opinión, la integración de las poblaciones vulnerabilizadas, como la de hombres que tienen sexo con hombres y las trabajadoras sexuales, a los programas de prevención y atención es uno de los mayores desafíos que tiene el país para controlar la epidemia del VIH.
“Los programas estánincompletos si no cuentan con líneas de prevención y atención dirigidas a las poblaciones clave, donde según todos los estudios, se ha concentrado en los últimos tiempos la epidemia del VIH”, puntualizó.
Terrero sostuvo que, a consecuencia de la discriminación, las poblaciones vulnerabilizadas tienden a alejarse del sistema de salud, creando redes sociales de difícil acceso. “Eso las hace quedarse fuera del alcance de los programas de prevención y atención del VIH”.
El funcionario informó que el eje de derechos humanosocupa un sitial de primer orden en el Plan Estratégico Nacional (PEN) 2015-2018, que se encuentra en fase de actualización.
“Con este eje estratégico -observó- se promueve la protección social de las personas que viven con VIH y las poblaciones en condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad, para cuyos efectos es esencial la participación e integración eficaz de las organizaciones de la sociedad civil, y activistas, en la defensoría de los derechos humanos y la reducción del estigma y discriminación”.
