De acuerdo con el compromiso asumido por el Gobierno haitiano a propósito de la visita a su país del secretario de Estado Antony Blinken el pasado día 5, para finales del año que viene deberían de estar celebrando elecciones con la finalidad de establecer autoridades y congresistas de derecho.
Hasta ahora las autoridades nacionales con las que cuenta el vecino país son de consenso a pesar de que deberían ser escogidas por el voto popular, tanto las ejecutivas como las legislativas.
Visto con la crisis haitiana como telón de fondo, la duda sobre el cumplimiento del compromiso asumido con el alto funcionario estadounidense se impone.
Para el presidente Luis Abinader, que habló de este punto el miércoles en Nueva York, es improbable que Haití pueda tener elecciones sin el compromiso militante de la comunidad internacional, particularmente en el campo de la seguridad.
Cuatrocientos policías kenianos y algunas decenas de otros países les parecen insuficientes para garantizar la relativa pacificación y seguridad como para concretar un proceso electivo de autoridades nacionales.
El presidente Abinader debe de tener razón.
Pero acaso sea oportuno referir que Haití es una realidad más compleja desde cualquier punto de vista, incluidos el de la seguridad y el de la participación política.
En las elecciones de las que salió electo el presidente Jovenel Moïse en 2016 debieron ser movilizados más de 13 mil agentes, entre nacionales y de la Organización de las Naciones unidas, todavía presentes en el país para entonces.
Aquel proceso estuvo matizado de violencia política y abstención, ¿se arriesgaría la población a participar en unos comicios para escoger a un Presidente y a legisladores con la extendida operación de las bandas armadas y la limitada acción de los policías extranjeros a los alrededores de Puerto Príncipe?
Las dudas parecen razonables.
