Los hallazgos del estudio Radiografía de las AFP y ARS fueron presentados por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Fundación Juan Bosch y la Coalición por una Seguridad Social Digna.
Santo Domingo.– Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) obtendrán 5,500 millones de pesos al cierre del presente año, según revelaron los investigadores Matías Bosch y Francisco Tavárez.
En su análisis, los expertos afirman que, tal como ocurrió en años anteriores, la reforma de la Ley 13-20 ha blindado los ingresos de estas empresas.
“El negocio de las AFP tiene tasas de rentabilidad económica y financiera extraordinarias, muy por encima de otras empresas del sector de administración financiera (bancos, entre otros). Más del 80% del negocio está en manos de cuatro AFP, y más del 70% en tres AFP privadas: Popular, Crecer y Siembra”, señalaron los autores del estudio Radiografía de las AFP y ARS: análisis económico para el debate de políticas públicas.
El estudio también destaca cómo, según los datos, se ha instaurado un régimen en el que el acceso universal a la atención en salud se ha convertido en una mercancía que depende de la capacidad de pago, de la rentabilidad esperada de las entidades intermediarias y del lucro financiero.
A su juicio, son las personas quienes asumen el riesgo, mientras que las ARS y las AFP obtienen cuantiosas ganancias sin asumir casi ningún riesgo, sin optimización de recursos ni eficiencia social.
Este modelo constituye un mecanismo para transferir recursos públicos a privados.
Presentación del estudio Radiografía de las AFP y ARS.
Bosch y Tavárez enfatizan que «no es seguridad social lo que se cimenta en el negocio y la exclusión. La verdadera seguridad social se estructura bajo el principio de solidaridad, lo que permite la protección social frente a sucesos previsibles e imprevisibles (enfermedad, vejez, accidente laboral, entre otros) para todos los miembros de la sociedad. Esto no ocurre en el país, donde millones de dominicanos y dominicanas sufren la experiencia de una seguridad social caracterizada por abusos, recortes y un catálogo de prestaciones y fórmulas que se ajustan a la rentabilidad como indicador para determinar la provisión o negación de servicios».
El estudio también revela que el negocio de las AFP se basa principalmente en prestar dinero al Gobierno Central, respaldar el déficit del Banco Central con certificados y prestar a bancos asociados y empresas privadas.
«Gracias al esfuerzo de la clase trabajadora y los empleadores, las AFP han invertido más de tres veces el déficit fiscal del país, lo que supera el 10% del Producto Interno Bruto (PIB)».
Los hallazgos del estudio Radiografía de las AFP y ARS fueron presentados por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Fundación Juan Bosch y la Coalición por una Seguridad Social Digna.
El informe, elaborado a partir de los datos suministrados por las instituciones de la seguridad social hasta 2023 y parte de 2024, compara el rol de las AFP y las ARS en el Sistema Dominicano de Seguridad Social con la denominada “Ley del Embudo”.
En este modelo, las empresas privadas reciben recursos de los trabajadores para financiar derechos fundamentales, convirtiéndose en las grandes ganadoras, mientras la ciudadanía asume los riesgos, las pérdidas y la precarización de su dignidad humana.
En datos
El negocio de las AFP tiene tasas de rentabilidad económica y financiera extraordinarias, muy por encima de otras empresas del sector financiero (bancos, entre otros).
Más del 80% del negocio está en manos de cuatro AFP, y más del 70% en tres AFP privadas: Popular, Crecer y Siembra.
El negocio de las AFP se dedica principalmente a: prestarle dinero al Gobierno Central, respaldar con certificados el déficit del Banco Central, en una suma que ronda los 700 mil millones de pesos; prestarles a los propios bancos asociados de los grupos propietarios y otros; poner dinero en fondos de inversión, fideicomisos y empresas privadas.
Mientras tanto, las AFP mantienen un esquema de pensiones que niega los beneficios definidos, dejando a los cotizantes en la incertidumbre y desprotección, quienes, como mucho, tendrán la tasa de reemplazo más baja de América Latina.
En base a este entramado de negocio, las AFP han absorbido ya más de 101 mil millones de pesos, un costo social enorme que podría haberse invertido en los ahorros previsionales de las personas o bien financiar casi 20 mil pensiones básicas solidarias.
Por su parte, las ARS privadas siguen batiendo récords de ingresos y ganancias, logrando en 2023 más de 53 mil millones de pesos en ingresos y casi 4,000 millones de pesos en ganancias, una tendencia que crece año a año.
Cuatro ARS concentran casi el 90% de este negocio, siendo las principales PRIMERA, MAPFRE y UNIVERSAL, siendo las dos primeras empresas en manos extranjeras.
En este esquema, las ARS privadas han absorbido casi 75 mil millones de pesos en ganancias y gastos de administración, lo que equivale a la mitad de los recursos del Ministerio de Salud en 2024, explica el estudio.
«Si se suma lo absorbido por las AFP y ARS, el monto supera los 175 mil millones de pesos, lo que esta intermediación financiera cuesta a la sociedad sin proporcionar ningún bien ni servicio ni valor que beneficie a la población».
Las ARS
El negocio de las ARS corresponde directamente con la bancarrota de los servicios públicos de salud.
Estas están captando ya más del 90% de los recursos en seguros contributivos y más del 64% de los recursos del seguro subsidiado, obligando a las personas a un trasvase cada vez mayor a la salud privatizada, pero además a tener que conformarse con el famoso «plan básico», que convierte la salud en un paquete de servicios ultra limitado que garantiza ganancias a los intermediarios y obliga a las personas a no recibir la atención ni los medicamentos que requieren, obligándolas a recurrir a «bingos», «serruchos» y la caridad.
La privatización de las pensiones y de la salud viola todo principio de seguridad social, convirtiéndola en un negocio seguro en el que las personas están condenadas a recibir los servicios y pensiones que su propio bolsillo pueda pagar, mientras los intermediarios y aliados directos e indirectos del mundo empresarial obtienen ganancias y se apropian de un mercado cada vez más grande y jugoso, basado en necesidades esenciales que no cubren, absorbiendo recursos de las cotizaciones y los dineros públicos.
«La seguridad social debe ser, ante todo, un sistema para ofrecer certidumbres, garantías y protección a las personas y a las familias, sin depender de su capacidad financiera personal y sin estar condicionado a su estatus como ciudadano, motivo por el cual está establecida como un derecho fundamental. Si la seguridad social da garantías, certidumbre y seguridad de acumulación a empresas privadas cuya ganancia depende de la precariedad, zozobra, angustia y el empobrecimiento de los sujetos de derecho, entonces los artículos 60 y 61 de la Constitución están siendo violados y negados. Es un deber nacional restituir su vigencia con carácter perentorio».
