La democracia representativa tiene entre sus principios que cada ciudadano con derecho a ejercer el voto pueda sufragar a favor de quien quiere que lo represente en las instancias conformadas por autoridades electivas.

El elector al votar por esa persona en particular sabe sobre quién está depositando la confianza para que ejerza el poder delegado, incluyendo la elección de los miembros de otros poderes del Estado, lo que se denomina como elección indirecta.

Por lo tanto, en el “deber ser” de la democracia representativa cada elector debe tener el derecho a votar por quien quiere que lo represente y que así quede registrada esa voluntad.

No se trata simplemente de la legalidad, pues el voto de arrastre expresado en una Constitución o en una ley adjetiva puede estar revestido de todo el rigor de una legislación válida, pero aun así no recoge la esencia del tipo de democracia a la que aspiramos.

Cualquier sistema tiene vocación de ir perfeccionando y el electoral no representa una excepción. La eliminación del arrastre en todas sus formas estrecha el vínculo entre el representado y el representante.

Ese planteamiento recogido por muchos sectores representa un cambio en la cultura política y electoral dominicana, pero bien vale la pena darnos esa oportunidad.