En los últimos tiempos, República Dominicana ha sido sacudida por una serie de casos de violencia contra niños y adolescentes que ponen en evidencia la total ausencia de la convivencia social pacífica en hogares, calles, barrios, secciones, municipios y provincias del país.
Como nunca antes, se han visto bebés asesinados por quienes deben cuidarlos, niños golpeados hasta la muerte y adolescentes que llevan armas a la escuela y la emprenden contra sus condiscípulos.
También, niñas recluidas en hogares de protección, que son violentadas y otras que actúan con violencia, en hechos que muestran una situación más allá de un fenómeno aislado, que amenaza con convertirse en una crisis estructural.
Lo que antes parecía impensable, niños y adolescentes involucrados en homicidios, abusos y actos de extrema crueldad contra sus iguales y hasta contra adultos; ahora es casi una noticia recurrente, por lo que adquiere sentido preguntarse: ¿qué está pasando con nuestra infancia?
En mayo recién pasado, en San Cristóbal, una bebé de ocho meses murió por mordeduras y golpes, en el seno de su propia familia. El acusado fue la pareja de la madre, detenido por homicidio voluntario y tortura, quien, además, dijo a todo pulmón que “ella también le daba”, refiriéndose a la señora.
El hecho abre un panorama complejo, que parecería inducir a la posible normalización de la violencia dentro del hogar, expone la brutalidad del agresor y también refleja la complicidad silenciosa o la incapacidad de la madre para proteger a su hija, en obvia evidencia de que esos comportamientos se fraguan en la fragilidad de algunos núcleos familiares.
Aunque corresponde al Estado, garantizar protección a los ciudadanos y a las instituciones, la primera línea de defensa humana siempre tendrá que ser la familia, porque cuando este núcleo falla, la exposición de sus miembros, sobre todo si son vulnerables, llegan a riesgos extremos.
Casos como el citado generan miedo y desconfianza en la comunidad y dan paso al trauma que erosiona la percepción de seguridad.
Hay muchos otros hechos en este sentido, como el de una niña de siete años que fue torturada hasta la muerte en el sector Los Guandules, en la capital, reflejando la brutalidad que puede gestarse dentro del hogar.
O el de un niño de ocho años, que murió a manos de su tía, quien alegó “mal comportamiento”, como el motivo para torturarlo hasta ponerle fin a su vida.
Y el de dos niños de dos años de edad, que fallecieron tras brutales golpizas propinadas por padrastros y madrastras, en Cristo Rey y en Los Alcarrizos, el pasado año.
¡Todo es aterrador! Como lo es la muerte reciente de una jovencita de 14 años, a manos de tres compañeras suyas, de 14, 16 y 17 años de edad, que estaban bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez (Conani), justamente, por ausencias, justificadas o no, de sus familiares.
Estos y otros episodios no menos estremecedores, confirman la data aportada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el sentido de que “el 63 % de los menores dominicanos sufren disciplina violenta en sus hogares”, una cifra muy superior al promedio regional registrado.
Si la sociedad dominicana no asume con urgencia que proteger a sus niños es proteger su futuro, estaremos condenados a repetir la barbarie como norma.
Es hora de que familias, comunidades e instituciones se levanten con firmeza y que el Estado fortalezca sus políticas de protección, garantía y seguridad para la gente, para la sociedad.
Resulta urgente que las familias recuperen su papel insustituible en la formación de valores, porque sin hogares que transmitan afecto y límites, cualquier estrategia pública será insuficiente.
