Desde el último lustro del siglo pasado en la República Dominicana se realizan esfuerzos, que han conllevado una cuantiosa inversión de recursos económicos, en procura de viabilizar una administración pública ágil y transparente que satisfaga las expectativas de la sociedad.

El país, para entonces, se subió en la ola que se denominó la Nueva Gestión Pública, iniciativa que tenía como objeto la instauración de un sistema de control innovador al interior de los Estados, la cual corría en paralelo con la idea del “buen gobierno” promovida por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

A nivel de opinión pública los debates eran frecuentes acerca de la prestación de servicios por parte del Estado. Las conclusiones eran coincidentes en el sentido de que se caracterizaba por la insatisfacción de los usuarios; dentro de las críticas más socorridas figuraban que pesada burocracia, costosa, de mala calidad, alejada de las necesidades de las personas y corrupta.

Iniciada la tercera década del siglo XXI, si hacemos una mirada retrospectiva, resulta fácil determinar que, a excepción de algunas instituciones, los avances alcanzados en materia de gestión pública no se corresponden con las grandes inversiones hechas en la formación del capital humano y tecnología.

La politiquería ha sido un factor clave para que eso suceda, debido a que se producen cancelaciones masivas de servidores, independientemente que sean parte de la Carrera Administrativa, cuando se produce un cambio de gobierno.

La situación resulta más caótica si la agrupación política que gana el poder proviene de la oposición, ya que actúa de esa manera con la irreverente excusa de que necesita emplear a su militancia.

Otra de las causas es la debilidad institucional que prevalece en la República Dominicana. Basta ver prácticas de pésima prestación de servicios en la mayoría de las instituciones que conforman los poderes públicos. Esto ocurre a pesar de que existen muchas razones para justificar la adopción de buenas prácticas de gestión de las dependencias estatales, en tiempos de sociedades exigentes.

Una de ellas consiste en que el conocer las mejores prácticas en gestión, constituye la forma más eficaz de evitar el fracaso, y con ello garantizar el éxito institucional. Las mismas reportan numerosos beneficios a quienes las implementan.

En la dirección anterior, ayudan a minimizar errores, contribuyen a obtener mejores resultados, facilitan el uso óptimo de los recursos disponibles, aportan una mejor imagen y suponen un arma infalible que garantiza el éxito a corto, mediano y largo plazo.

Las buenas prácticas implican que hay que emplear el tiempo que sea necesario en la documentación de los procesos, de manera que sirva de guía para alcanzar los objetivos y crear el plan de trabajo con las especificaciones, paso por paso.

También, establecer los procedimientos de gestión que se emplearán, especificando lo que se espera de cada equipo y las herramientas que existen a disposición del proyecto para gestionar problemas, cambios o riesgos que puedan presentarse. Implica, asimismo, planear el seguimiento del trabajo, juntamente con la monitorización de recursos y gastos.

Otra situación es permanecer alerta ante cualquier desviación. La atención al detalle es una cualidad que todos los directivos deben presentar, ya que pequeñas variaciones, modificaciones, deterioros, todo ha de ser tenido en cuenta y analizado.

La República Dominicana no podrá pensar en desarrollarse si, entre otras cuestiones, no resuelve la urgencia de una gestión pública eficaz. Un Estado que no funcione bien no puede pedir a la sociedad que se comporte diferente.