Por: Giovanni D’Alessandro
La República Dominicana vive un proceso anunciado de transformación y renovación de la Policía Nacional. Sin embargo, hay un punto crítico que no puede quedar relegado a los discursos: la persistencia de una cultura de ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de “intercambios de disparos” o “acciones legales”.
Según datos publicados en la prensa nacional, en los primeros cuatro meses de 2025 se registraron 50 muertes en supuestos intercambios de disparos entre la Policía y civiles, frente a 32 en el mismo periodo de 2024. Al 5 de septiembre, la cifra ascendía ya a 170 personas abatidas por la Policía Nacional, superando las 152 registradas a esa misma fecha en 2024.
El caso más reciente en Santiago de los Caballeros, donde murieron cinco hombres en un operativo en La Barranquita, muestra con crudeza la urgencia del tema. Mientras la versión oficial los vincula a una peligrosa banda criminal, familiares de uno de los fallecidos —un joven peluquero— insisten en su inocencia. La propia ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció la suspensión de los agentes involucrados y la apertura de investigaciones penales y disciplinarias.
No se trata de un simple debate semántico. El uso indiscriminado del término “intercambio de disparos” erosiona la confianza ciudadana en la Policía, pues coloca a las víctimas bajo sospecha automática y oscurece la obligación del Estado de garantizar debido proceso y respeto a los derechos humanos.
La experiencia internacional demuestra que la legitimidad de una fuerza pública no se mide por cuántos muertos produce en sus operativos, sino por cuántos conflictos logra resolver sin violencia, por la confianza que inspira en la ciudadanía y por la capacidad de prevenir el crimen sin sacrificar vidas humanas.
Si la reforma policial en marcha no logra erradicar esta práctica de ejecuciones sumarias, entonces no será una verdadera transformación, sino apenas un maquillaje institucional. El desafío está claro: proteger y servir, no disparar y encubrir.
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