A lo largo de mi vida profesional, primero en el sector privado y luego en el sector público en donde llevo poco menos de 10 años, siempre he tenido la inquietud sobre las razones por la cual los gobiernos locales delegan sus responsabilidades legales en empresas de carácter privado. Estas expresiones son de carácter exclusivamente personal y están ceñidas a criterios sobre la base de indicadores que no necesariamente poseen un rigor científico.

La región sufrió a lo largo de las últimas dos décadas grandes e importantes transformaciones en el sector municipal. En algunos países, producto de la ebullición social o política, esos cambios fueron medulares o estructurales en la conformación misma del Estado, lográndose que el sector municipal sea reconocido como un cuarto poder, alcanzando el grado constitucional. En otros países si bien no lograron las municipalidades ser reconocidas como entes jerárquicos de ese nivel, no es menos cierto que se ubicaron dentro del espectro estatal como órganos diferenciados a lo que eran anteriormente.

Con este proceso y, obviamente, debido a la dirección ideológica política imperante, esos gobiernos locales sufrieron matices mayoritariamente socialistas.

Al hurgar en las funciones intrínsecas de los mismos, encontraron una corriente generalizada por toda la región surgida como producto de la “deficiencia” en la prestación de servicios, la mundialmente conocida como la tercerización. No quisiéramos generalizar, pues el conocimiento sobre este tema de geopolítica no es nuestra especialidad, sin embargo, conocemos algunos casos en concreto.

Algunos gobiernos de capitales importantes de la región no sufrieron cambios ideológicos, pero sí sintieron la presión social ejercida por aquellos que sí los tuvieron, y adoptaron iguales medidas o parecidas en el caso de la operatividad de los servicios públicos municipales.

Al medirse los costos-beneficios de estas tercerizaciones se demostró que eran realmente onerosas para las arcas municipales en detrimento del munícipe pues los altos costos operacionales eran cargados en su mayoría por estos últimos; en algunos casos surgían subsidios especiales con lo que aparecían también el fantasma de la corrupción y contratos que ataban las manos del regente por 20 años.

Aquellos factores o criterios que se utilizaron para crear este modelo de gestión se basaron en la deficiencia, burocratización en la gestión y la incapacidad económica que eran evidentes. La perfecta excusa para dar esos pasos. Se prefirió ahondar la crisis que buscar soluciones sistémicas. Se apostó a la castración de instituciones cuya esencia misma es servir, que a la búsqueda de soluciones fortaleciendo aquellas estructuras lógicas y necesarias.

La forma de gestionar los servicios públicos municipales debe ser de carácter directa en donde el gobierno local participe. Obviamente, persiguiendo la fórmula ideal: el mejor servicio al menor costo posible.

Tenemos por todo el planeta gobiernos locales capaces que gestionan de manera exitosa sus territorios, fórmulas como alianzas público-privada en donde el gobierno local tenga un asiento y participación preponderante puede ser una de las maneras que hemos podido apreciar que funcionan.

El papel fundamental del gobierno local, aparte de lograr la satisfacción de sus munícipes, es también preservar la cultura, el patrimonio intangible de la ciudad y su esencia misma, cosa que difícilmente aquellos que invierten capitales entiendan como importantes para su misión.

POR Víctor Féliz Solano