Las sociedades cambian y con ellas cambian las formas de relacionarnos, informarnos, trabajar, consumir y participar en los asuntos públicos.
Sería contradictorio reconocer que la revolución digital ha transformado prácticamente todos los ámbitos de la vida y pretender que la política permanezca ajena a ese proceso.
Durante décadas, la actividad política estuvo dominada principalmente por personas surgidas de los partidos, las profesiones tradicionales, los gremios y otras organizaciones sociales. Con el desarrollo de los medios de comunicación comenzaron a incorporarse también figuras procedentes de la radio y la televisión.
La revolución digital está produciendo un fenómeno semejante, pero probablemente de dimensiones mayores.
Las redes sociales y las plataformas digitales han creado nuevos espacios de liderazgo y comunicación.
Personas que hace algunos años habrían necesitado de una emisora, un canal de televisión, un periódico o una estructura partidaria para alcanzar grandes audiencias pueden hoy construir comunidades de cientos de miles o millones de seguidores y mantener comunicación directa con ellas.
Era inevitable que esa transformación terminara llegando también a la política.
Por eso no debería sorprender que aparezcan aspirantes a cargos públicos procedentes de plataformas digitales, redes sociales, canales de internet, pódcast y otras formas de comunicación que incluso todavía están evolucionando.
Su procedencia, sin embargo, no debería otorgarles privilegios ni convertirse en motivo para descalificarlos.
A quienes decidan dar ese paso habrá que examinarlos con el mismo rigor aplicado a cualquier otro aspirante. Importarán sus ideas, propuestas, trayectoria, preparación, equipos, conducta pública, comprensión de las instituciones y capacidad para responder ante la sociedad.
La sociedad cambió, la política no será la excepción.
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