Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó ayer la clausura de una emisora de radio en Nicaragua y la excesiva utilización de fuerza utilizada en el decomiso de sus equipos de trasmisión, acción que podría haberse adoptado en represalia por posiciones críticas contra el gobierno.
Radio La Ley, que contaba con su licencia para operar desde 2004, ubicada en Sébaco, departamento de Matagalpa, a unos 107 kilómetros al norte de la capital, fue clausurada el día antes de su inauguración el 20 de junio.
Su propietario, Santiago Aburto, es un conocido crítico del gobierno de Daniel Ortega a través del programa Buenas tardes de Radio Corporación. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), organismo regulador de las comunicaciones, canceló el 19 de junio la frecuencia 102.1 de la Radio La Ley, con argumentos sobre la tardanza en la operatividad de la licencia de acuerdo a la aplicación de la Ley 200.
La medida administrativa fue seguida por el decomiso de los equipos de trasmisión y operación de la radio del domicilio del periodista, acción que estuvo a cargo de unos treinta civiles armados.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, expresó que más allá de las consideraciones legales y administrativas, nos sorprende el desmedido uso de la fuerza para clausurar una licencia de una radio; añadiendo su preocupación de que pudiera tratarse de represalias por posiciones críticas contra el gobierno.
La editorial de hoy del diario La Prensa -como otros periódicos y emisoras nicaragüenses – cuestionó la acción del Gobierno porque no ha habido ningún motivo legal ni administrativo, agregando que el propietario venía pagando los aranceles correspondientes y que, además, la Ley 670 prorrogó las licencias de operación hasta que se sancione una nueva regulación sobre telecomunicaciones que reemplace a la actual, que se mantiene vigente desde 1996.
