*Por Teodoro Tejada

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), celebró el pasado 30 de noviembre del presente año 2021, la séptima edición de la Mesa de la Vivienda, con la presencia del Presidente Luis Abinader, lo que demuestra su interés en resolver el problema del déficit habitacional del país, el cual ronda los 2 millones de viviendas. En su intervención manifestó que, su gobierno “trabajarán para encontrar las mejores soluciones que brinden ciudades más seguras, viviendas dignas en lugares adecuados y accesibles y que sean mucho más amigables con el medio ambiente”.

Hay que reconocerle al presidente Abinader, haber sometido al Congreso Nacional el anteproyecto de ley y posterior aprobación del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).

El presidente de Acoprovi, Jorge Montalvo manifestó, que el gobierno del presidente Luis Abinader está dando al sector vivienda la importancia que merece, entendiendo la incidencia que tiene en el desarrollo económico y social de las familias y del país.

En esta actividad se analizaron las diferentes oportunidades del crecimiento y fortalecimiento del sector vivienda, entre esto la actualización Ley 4314 Que regula la prestación y aplicación de los valores en el inquilinato, modificada por la ley 17-88 de fecha 05 de febrero del año 1988. Del 22 de octubre del año 1955. En tal sentido el presidente Abinader se mostró interesado en buscar una propuesta de la ley de alquileres, con el objetivo de promover la inversión en viviendas dignas para alquileres, con el aprovechamiento de esta modalidad de vivienda, principalmente, para los más jóvenes o aquellas familias que no posean una vivienda propia.

Es importante recordarle al gobernante que, construir o adquirir viviendas para alquileres, no es alternativa de negocios, luego de la entrada en vigencia en el gobierno del expresidente Danilo Medina de la funesta Ley No. ley 253-12, sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado del 13 de noviembre 2012.

Es necesario una modificación de esta ley, en sus artículos 13 y 14, literal a), para que se establezca un monto que sobrepase, el valor fijado para este año 2021, de (RD$8,138,353.26), el cual es ajustado por inflación, fijado por la DGII. Dado el gran incremento de la inflación en este año, que de seguro se mantendrá para el 2023, el miso debe ser 15 millones de pesos el valor exento.

Citamos: Artículo 13. Se modifica el Artículo 1 de la Ley No.18-88, que establece el Impuesto a la Vivienda Suntuaria y Solares Urbanos no Edificados, de fecha 26 de febrero de 1988 y sus modificaciones, para que en lo adelante disponga lo siguiente: “Artículo 1. Se establece un impuesto del uno por ciento (1%) sobre el patrimonio inmobiliario total de las personas físicas, el cual será determinado sobre el valor que establezca la Dirección General de Catastro Nacional”.

Artículo 14. Se modifica el Artículo 2 de la Ley No.18-88, que establece el Impuesto a la Vivienda Suntuaria y Solares Urbanos no Edificados, de fecha 26 de febrero de 1988 y sus modificaciones, para que en lo adelante disponga lo siguiente: “Artículo 2. El patrimonio gravado con el impuesto previsto en el Párrafo I del Artículo 1 es el siguiente:

1. a) El compuesto por inmuebles destinados a viviendas pertenecientes a personas físicas, cuyo valor en conjunto, incluyendo el del solar donde estén edificados, sea superior a seis millones quinientos mil pesos (RD$6,500,000.00). Ese tope era para el 2013.

Hasta enero del 2013 era un buen negocio comprar inmuebles y alquilarlo para inversiones, con el objetivo de tener beneficios en el tiempo, pero las sumatorias de los inmuebles, por encima de la exención, afecta directamente a los constructores del sector inmobiliario.

El presidente Abinader prometió poner en operación la tantas veces prometidas por los pasados gobiernos y nunca cumplida, la ventanilla única de construcción, para el primer trimestre del 2023, a través del Ministerio de la Vivienda, que permitirá que, los proyectos no complejos tengan todos los permisos en 60 días y los más complejos en 120 días. El ministro de Medio Ambiente, el abogado Orlando Jorge Mera, debe delegar la concentración de firmar todos los permisos, no importa si es para autorizar un bote de material excavado, o un Estudio de Impacto Ambiental.

El primer ejecutivo de la nación, se refirió al Ordenamiento territorial, sobre el cual también señalo sus compromisos, en lograr un país con ciudades más organizadas, donde la distribución de las construcciones se haga en zonas adecuadas, además ayudar e impulsar proyectos de viviendas y apartamentos que dinamicen el sector vivienda,
con la aprobación de la ley  de Ordenamiento Territorial, la cual lleva varios años en el Congreso Nacional. Él es el líder del PRM, partido dominante en ambas cámaras legislativas, si él se lo propone, esta ley se aprueba, destacó “el interés del sector vivienda que se regule y promueva reglas claras en la gestión del territorio, que incluya ciudades compactas y una vinculación más directa con el ciudadano”.

El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), debe asumir un liderazgo responsable del sector vivienda de manera integral, y no ser tan excluyentes como hasta ahora lo ha sido. Lo mismo en las licitaciones que viene realizando, con recaudos excesivos y abusivos. El problema de la vivienda en el país, no es solo enfocarse en el sector privado.