Fotografía de Gregorio Luperón, presidente provisional de la República y luchador en la Guerra de Restauración. agn
*Por Roberto Cassá
La restauración de la independencia de República Dominicana en 1863 fue un fenómeno complejo que debe ser objeto de un examen para establecer sus contenidos y los móviles que animaron a sus protagonistas, que se pueden identificar como el pueblo, en su conjunto.
Hay pocos acontecimientos en la historia dominicana que hayan tenido una repercusión semejante en la reorientación de tendencias. En buena medida constituyó una culminación de prolongados procesos iniciados con el despuntar del siglo, consistentes en la búsqueda por los dominicanos de la autodeterminación, mediante la cual se obtendrían los espacios necesarios de autonomía social que se desprendían de la nueva época histórica en el mundo occidental iniciada con las grandes revoluciones de finales del siglo XVIII.
La Restauración vino a ser entonces el acontecimiento culminante del siglo XIX en tanto que ratificó y expandió estas búsquedas de los dominicanos que se canalizaron primordialmente por medio de la aspiración a la autonomía en un Estado independiente. En tal sentido se orientó la construcción de la conciencia nacional.
La búsqueda de la autonomía nacional registró obstáculos persistentes a lo largo del siglo XIX, que explican que no hubiese una resolución definitiva para el cumplimiento de los objetivos trazados. La Restauración misma fue un producto de este carácter convulso de la historia dominicana y su mismo resultado estuvo asociado con tales determinantes.
Detrás de la lucha nacional subyacía una sociedad en extremo atrasada, con muy bajos niveles de desarrollo de la economía de mercado y una base social campesina.
La generalidad del pueblo no estaba en condiciones de asumir una conciencia nacional explícita, sino que operó de manera defensiva para sostener las ganancias sociales obtenidas en los primeros tiempos del siglo XIX, cuando se abolió la esclavitud, se generalizó la clase campesina y se estatuyeron regulaciones jurídicas que garantizaban la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos.
Dos vías
En consecuencia, en el panorama del siglo XIX se observan dos corrientes paralelas y en buena medida contradictorias en la gestación y desarrollo del hecho nacional. La primera estuvo delimitada en círculos minoritarios de las clases burguesas urbanas que se plantearon sistematizar un orden de autonomía en beneficio de todos, acorde con los postulados ilustrados plasmados por primera vez en la Revolución Francesa.
La segunda corriente abarcaba a la gran mayoría del pueblo, sobre todo el campesinado, que no se planteaba una formulación política utópica o progresiva sino que actuaba de manera reactiva para sostener conquistas sociales y oponerse a la reducción de los espacios de autonomía por parte de las fuerzas mercantiles o estatales.
Los urbanos se imbuyeron de los principios del liberalismo para proponerse construir una sociedad progresiva y de iguales. Los campesinos, en cambio, instintivamente recelaban de esta postura y a menudo se oponían abiertamente a ella por apego a lo existente, a lo tradicional, a todo lo que perturbara sus sentidos de vida consuetudinarios.
Era lógico que hubiese contraposiciones, porque el mundo urbano se nutría, en buena porción parasitariamente, del rural, extrayéndole excedentes en las relaciones comerciales desiguales y en la imposición de gravámenes fiscales.
Sin embargo, no todos los canales de interacción política estaban cerrados entre campesinos y citadinos, por la debilidad de las relaciones de mercado y del aparato estatal.
Lo característico, así, del siglo XIX fue una coexistencia difícil e inestable pero coexistencia al fin y al cabo entre campo y ciudad, que perpetuaba la autonomía social de todos los sectores trabajadores, como bien lo explicó Pedro Francisco Bonó.
El hecho nacional dominicano pasó así por la capacidad de los campesinos de repeler los intentos por alterar este ordenamiento. En buena medida esto estaba vinculado al dominio externo tal como se advierte en un somero recorrido por las décadas previas a la Restauración.
Antecedentes
En 1808 el pueblo en su casi totalidad derrotó la dominación francesa, que buscaba restablecer la vigencia de la esclavitud y someter al conjunto de dominicanos a un estado de inferioridad jurídica y social, fue, como bien lo expresó Américo Lugo, la primera manifestación del espíritu de autodeterminación entre los dominicanos.
En 1826 los dominicanos también en conjunto vetaron la aplicación del Código Rural del presidente haitiano Jean Pierre Boyer mediante el cual se buscaba someter a la masa campesina a condiciones duras de trabajo y de subordinación que rememoraban la esclavitud.
Después de proclamada la Independencia de 1844 el sector conservador dirigente, encabezado por Pedro Santana, se cuidó de no agredir frontalmente a los campesinos buscando la reiteración de su apoyo.
Pero una agenda de tensiones enfrentaba al grupo de poder con la masa del pueblo puesto que para el primero resultaba indispensable la búsqueda de mayores porciones de excedentes para sostener su dominio que se asimilaba en buena medida a su propia condición social. Una agenda oculta de disputas y equilibrios en definitiva explica que para los grupos dirigentes la existencia del Estado resultase inviable o en cualquier caso inconveniente.
El hecho nacional, plasmado en 1844 requería por definición un grupo dirigente que no creía en él. Fue cuestión de que llegaran las condiciones en el terreno internacional y en los debates políticos internos, tras la subordinación de los liberales partidarios de la autonomía nacional, para que se produjera el ansiado cumplimiento del objetivo de revocar el orden político autónomo como síntesis del programa del sector conservador dirigente.
En el siglo XIX este era el único punto que generaba la escisión entre liberales y conservadores, puesto que ambos sectores propugnaban por una sociedad de mayor desarrollo económico y diferenciación clasista en sentido moderno. Pero en la medida en que los conservadores detentaban el poder social más determinante en esa sociedad atrasada y que entendieron la imposibilidad de romper los equilibrios en cuestión, lograron el sostén de la clase campesina. En este panorama la anexión a una potencia era un hecho inevitable.
Desde luego, intervinieron diversos factores adicionales en la plasmación del hecho anexionista de marzo de 1861 como fueron la intensa crisis económica posterior a 1857 por causa de la Guerra Civil de un año, la guerra civil de Estados Unidos que dejó campo libre a España con el apoyo de Francia, la amenaza que se cernía sobre el grupo conservador santanista por parte de sus enemigos partidarios de Buenaventura Báez y las insurrecciones fronterizas que traducían el pánico ante el fantasmagórico peligro haitiano.
La tregua
El programa del régimen español implantado en 1861 en teoría se adecuaba a las expectativas del conjunto de los grupos dirigentes urbanos, esto es, burgueses y burocráticos, por cuanto los componentes del dominio externo se encontrarían en capacidad de romper los nudos gordianos que impedían el ansiado avance económico.
Este consenso es el que explica en lo fundamental la tregua con que fue recibida la Anexión por la casi totalidad de la población, no obstante los temores que albergaban muchos acerca de la esclavitud o la pérdida de derechos civiles y políticos.
La condición atrasada de España determinó que este proyecto se sustentara en la búsqueda de la extorsión sistemática de la clase campesina y la subordinación de los mismos sectores sociales que lo habían prohijado. Los impuestos proliferaron y con ellos los abusos.
El mercantilismo metropolitano agredió frontalmente los intereses de los grupos comerciales dirigentes. Los mismos puestos en el Estado fueron disputados por una arrogante capa de peninsulares que despreciaban a los mismos gestores de la Anexión.
Todo esto se personificó en el momento trágico de la vida del tirano Pedro Santana, obligado a debatirse entre un régimen que tenía que apoyar pero que en su fuero interno abominaba. De forma que la Anexión perdió sustancia y preparó ella misma las condiciones para su sepultura por arte de una acción llamada a concitar la participación de la inmensa mayoría.
La Guerra de la Restauración de 1863 respondió, así, a los fundamentos depredadores del régimen español, pero al hacerlo retomó líneas maestras del proceso progresivo de la constitución de la nación dominicana.
Por tanto, se trató de una insurrección que articulaba factores sociales complejos con la renovada búsqueda de un orden político progresivo que sustentara el proyecto de la autonomía nacional.
La crisis
— Y el detonante
El atraso de España determinó que la anexión se sustentara en la extorsión sistemática del campesinado y la subordinación de los mismos sectores sociales que la habían hecho posible.
*El autor es historiador. Director del Archivo General de la Nación.
**Conferencia dictada en el Centro León, Santiago
