A propósito de la reciente aprobación del proyecto de modificación de la Ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral por parte del honorable Senado de la República y remitido a la Cámara de Diputados para su aprobación final, proceso que se inició a partir de la iniciativa sometida por el actual pleno de la Junta Central Electoral (JCE), con el propósito de reformar y actualizar el régimen y de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La Junta Central Electoral, como órgano administrador electoral, está facultada por la Constitución, en su artículo 96, para presentar estas iniciativas de ley.
Felipe Carvajal de los Santos
La fortaleza de la propuesta del organismo de elecciones se centra en destacar trece aspectos puntuales en que impactarían dichas modificaciones, buscando como objetivo ulterior, actualizar la normativa electoral y al propio sistema electoral, desde una perspectiva moderna, integral y participativa, sustentado en los principios constitucionales, que garantizan los derechos electorales fundamentales de todos los dominicanos, y que además propician el fortalecimiento de los principios rectores que guían el accionar del órgano constitucional.
En clave de Dieter Nohlen, experto en sistemas electorales y desarrollo político, siempre que se vaya a analizar y argumentar sobre la pertinencia de una reforma de los aspectos normativos que inciden en el régimen electoral, como la que cursa en el Congreso Nacional, habrá que tomar en cuenta la variedad de enfoques que van: desde el politológico; normativos y empíricos, teórico-analíticos e histórico contextuales, conceptuales y prácticos, y hasta el de ingeniería política, proyectada en los impactos de la nueva arquitectura del régimen electoral que resultaría de la reforma.
En ese sentido, asumimos desde el enfoque politológico la tensión que se da entre la necesidad de la reforma, la postura del congreso nacional y cómo influye la cultura política en la toma de decisiones de nuestros legisladores, los cuales representan en última instancia al sistema de partidos.
Es por ello que, en el actual contexto del sistema electoral dominicano, resulta pertinente señalar el peso de la cultura política, signada en nuestro caso por los rasgos de la visión cortoplacista y corporativa de los principales actores del sistema de partidos con representación congresual, como quedó reflejado en la pieza legislativa aprobada ya por el Senado.
De ahí que, desde la lógica del accionar característico de la propia cultura política nacional, expresada en este caso en el proyecto aprobado en el senado, que persiste en mantener en la parte normativa artículos tales como el referido a los topes de gastos de campaña, la obligación de presentar informes de dichos gastos a cargo de las candidaturas y su negación a la sugerencia de la JCE de configurar en la ley un régimen de consecuencias con sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento de la presentación de informes financieros, si no que se mantuvieron igual a como están instituidos en la Ley vigente.
Lo que se deriva del proyecto aprobado por el Senado evidencia el peso de una cultura política, que enraizada en las élites partidarias representadas en el Senado, traba la consolidación democrática, arrojando por tierra las expectativas ciudadanas de contar con una arquitectura legal que permita garantizar, desde la administración electoral, los controles necesarios para evitar la posibilidad de cooptación de los intereses corporativos y la captura del Estado, obstruyendo una mayor fiscalización de los recursos utilizados en campaña, poniendo en riesgo los mecanismos genuinos de la representación popular.
Además, se niega la oportunidad de crear condiciones de equidad en los procesos electorales que faciliten la integridad de todo el sistema y sus actores.
Resulta pertinente destacar que la propuesta hecha por la JCE, que en principio fue el resultado de un consenso con los partidos políticos y la sociedad civil, sustentada en la certeza de las competencias del órgano administrador, que busca dotar a las nuevas normativas y al ente administrador de las garras necesarias para un pleno ejercicio de su autoridad en los ámbitos de control y fiscalización del sistema electoral y de sus actores decisivos, los partidos políticos.
Hay que subrayar como hilo conector en la presente reflexión que en los procesos de reformas electorales, además de la necesaria voluntad política de los actores involucrados, deberán siempre procurarse compatibilizar tanto los aspectos políticos, como los técnicos, como queda expresado en los contenidos de la propuesta de reforma presentada por la JCE, en aras de avanzar hacia la robustez de un sistema electoral que derive en mayor calidad democrática.
En ese tenor, compartimos en toda su extensión la posición externada por la JCE a lo largo de las discusiones derivadas en su propuesta de reformas depositada en el congreso nacional, la cual guarda coherencia con su rol constitucional, sin rehuir a las ácidas circunstancias del presente contexto, donde entendemos que cada actor sistémico debe, desde la racionalidad del compromiso democrático, comportarse a la altura de las expectativas ciudadanas, que exigen una mayor institucionalidad y compromiso con la democracia.
Finalmente entendemos que la robustez de propuesta de la JCE consiste en que, además de su compromiso en avanzar en la institucionalización de su sistema electoral y la democracia del país, dichas acciones fundadas en el consenso, guardan consonancia con lo expresado en su Plan Estratégico 2020-2024, concretamente en su pilar estratégico número 3, que apuesta a una gestión de procesos electorales eficientes, confiables y transparentes, que aseguren que tanto las primarias de 2023 y las elecciones del año 2024 se gestionen desde las mejores prácticas electorales, garantizando así la voluntad ciudadana expresada en las urnas, como expresión de consolidación del Estado de derecho y la calidad de nuestra democracia.
De esta manera, en la presente reflexión la pelota queda en la cancha del legislador y la oportunidad de despojarse de esa visión cortoplacista corporativista, como espera la sociedad dominicana y el país político.
*Por Felipe Carvajal de los Santos
