El domingo falleció en la cárcel de Puerto Plata un ciudadano de 79 años mientras guardaba prisión preventiva por la imputación de tener en su residencia 47 matas de marihuana y una escopeta sin permiso legal.
Los informes iniciales recibidos en esta redacción indican que murió por complicaciones de salud sufridas dentro del recinto carcelario.
La persona en cuestión era conocida como promotor de la legalización de la marihuana para fines medicinales y además muy activo en redes sociales con el tema. Días antes había sometido un recurso de amparo contra la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias prohibidas.
La comercialización y tráfico de marihuana está prohibido por las leyes dominicanas, por lo que el estar en desacuerdo no da licencia para hacerlo.
Por tanto, a esa persona se le imputaban delitos tipificados en la legislación.
Pero la reflexión sobre este caso vuelve a la ligereza con la que los jueces dominicanos imponen la prisión preventiva como medida de coerción, a pesar de que el mismo Código Procesal Penal la tiene como la más extrema y hasta señala cuándo debe aplicarse.
Este caso tiene todas las características de un nuevo exceso de la imposición de prisión preventiva como medida de coerción.
Ese festival daña a las personas en su presunción de inocencia y el respeto al principio de que la libertad es el estado natural para un imputado defenderse.
Pero también incide en el hacinamiento de nuestras cárceles.
A lo mejor esta persona pudo haber sobrevivido de haber estado en libertad, eso no lo sabremos, pero resulta cuesta arriba no criticar la facilidad con la que a una persona se le priva de la libertad como medida de coerción.
