Las imperfecciones del sistema judicial impactan en todas sus estructuras.
Los efectos de los males son trasversales pues inciden en el Ministerio Público, los tribunales y las cárceles.
La ejecución inadecuada de los códigos o el abuso de figuras jurídicas o recursos jurídicos también afectan.
Por ejemplo, desde hace mucho hemos señalado que se ha distorsionado la prisión preventiva como medida de coerción.
El Código Procesal Penal establece en qué circunstancia se debe imponer ésta, que es considerada la más extrema de las medidas de coerción.
El Ministerio Público y jueces se han casado con la prisión preventiva por razones que poco tienen que ver con impartir justicia o garantizar la fluidez de los procesos judiciales.
El abuso en la imposición de esa medida distrae al imputado de la condición natural para su defensa: la libertad. También se constituye en un castigo adelantado que a su vez agrava otro problema como es el de la sobrepoblación carcelaria.
Los jueces deben apegarse a los criterios que el mismo Código Penal establece para dictar prisión preventiva no sólo es los casos de alto perfil, sino también en los cotidianos que involucran a personas sin impacto mediático.
