El tema no es nuevo, pero reviste cardinal importancia al paso de las persistentes denuncias de una masiva entrada de indocumentados por la frontera.

Diferentes sectores presionan por una clara política migratoria, ahora que la situación se agrava con la entrada de venezolanos que huyen de la crisis política y económica de su país.

El país siempre ha sido solidario con los extranjeros, demostrado así por la hospitalidad que ofrece a los turistas y otros extranjeros que han decidido radicarse legalmente en nuestro territorio.

El mayor problema, sin embargo, radica en la migración de indocumentados desde Haití, agravando la situación hospitalaria del país y sin ninguna regulación por parte del Estado.

Lo que se pide y se exige es que desde el Estado se defina una política que obligue a los ilegales a someterse al imperio de la ley y que aquellos que no cumplan con los requisitos tengan la oportunidad de retornar a sus países, como cualquier nación civilizada.

No es válida la acusación proveniente de Amnistía Internacional de que en el país hay apatridia.

Las autoridades dominicanas han ofrecido las garantías para que los indocumentados que dicen ser dominicanos puedan demostrar con pruebas fehacientes su arraigo con el país, ajustados a las regulaciones migratorias.

No hay duda de que el desorden migratorio de los últimos años ameritará una atención especial, cuando así las circunstancias lo exijan de manera urgente.