Por: Carlos Javier, ingeniero sismorresistente.
Hay tragedias que irrumpen de manera repentina y conmueven a toda una nación. Otras, en cambio, se instalan lentamente en la vida cotidiana hasta que terminamos aceptándolas como parte del paisaje. La inseguridad vial pertenece a este segundo grupo. Su presencia es tan constante que, con el paso del tiempo, hemos dejado de sorprendernos por las noticias de accidentes, lesionados y fallecidos que cada dı́a ocupan un espacio en los medios de comunicación.
La República Dominicana enfrenta una de las mayores crisis de seguridad vial de su historia. No se trata de una epidemia provocada por un virus ni de una catástrofe natural. Es una emergencia creada por la combinación de imprudencia, deficiencias institucionales, infraestructura insuficiente en algunos puntos crı́ticos y una cultura de movilidad que aún no ha logrado evolucionar al ritmo del crecimiento del parque vehicular.
Por esa razón me permito llamarla la pandemia motorizada.
Las cifras hablan por sı́ solas. Durante el presente año, cerca de un millar de personas han perdido la vida en siniestros de tránsito y decenas de miles han resultado lesionadas. En términos prácticos, aproximadamente cinco dominicanos fallecen cada dı́a mientras se desplazan hacia su trabajo, su hogar, la escuela o cualquier otro destino. Detrás de cada estadı́stica existe una historia humana: una familia que pierde a un padre, una madre, un hijo o un hermano; una empresa que pierde un trabajador; una comunidad que ve desaparecer a uno de sus miembros.
Lo más preocupante es que gran parte de estas pérdidas pueden evitarse.
Las motocicletas ocupan un lugar central en esta realidad. Constituyen el medio de transporte de mayor crecimiento en el paı́s y representan una herramienta indispensable para miles de familias que dependen de ellas para trabajar, trasladarse o generar ingresos. Serı́a injusto responsabilizar al vehı́culo por sı́ mismo. El verdadero problema reside en la informalidad con que, durante décadas, se ha permitido su utilización.
Conducir sin la capacitación adecuada, sin licencia, sin casco protector o ignorando las normas de tránsito incrementa considerablemente el riesgo de sufrir un accidente. Cuando estas conductas se repiten de manera cotidiana y las sanciones no siempre son oportunas ni suficientes, la excepción termina convirtiéndose en regla.
Sin embargo, reducir esta crisis únicamente al comportamiento de los motociclistas serı́a un error. El problema es mucho más amplio y complejo. El crecimiento acelerado del parque vehicular, la limitada planificación urbana, la insuficiente integración del transporte público, la existencia de intersecciones peligrosas, la falta de sincronización de algunos sistemas semafóricos y la ocupación irregular de espacios públicos conforman un escenario que favorece la ocurrencia de accidentes.
Las carreteras constituyen otro foco de preocupación. En ellas convergen vehı́culos pesados, autobuses, automóviles y motocicletas que circulan a velocidades elevadas. Basta un instante de distracción, una maniobra imprudente o una señalización deficiente para transformar un viaje cotidiano en una tragedia.
Las consecuencias trascienden el inmenso dolor de las familias afectadas. El sistema nacional de salud debe destinar cuantiosos recursos para atender a miles de pacientes con lesiones traumáticas, muchas de ellas permanentes. A ello se suman las pérdidas económicas derivadas de incapacidades laborales, daños materiales, procesos judiciales y disminución de la productividad. Cada accidente representa un costo humano incalculable y una carga significativa para el desarrollo del paı́s.
Serı́a injusto afirmar que no se están realizando esfuerzos para enfrentar esta situación. En los últimos meses se han anunciado importantes intervenciones en infraestructura vial, programas de iluminación de carreteras, construcción de elevados en puntos conflictivos, reorganización de paradas irregulares y el fortalecimiento del marco legal mediante la futura implementación de la licencia por puntos. Todas estas iniciativas constituyen avances que merecen ser reconocidos.
No obstante, ninguna inversión será suiciente mientras no logremos transformar nuestra cultura vial. La seguridad en las vı́as no depende exclusivamente de nuevas carreteras, más agentes de tránsito o mayores sanciones. Depende, sobre todo, del comportamiento de cada ciudadano. Cada conductor que respeta un semáforo, reduce la velocidad, utiliza el casco protector o cede el paso está contribuyendo a salvar vidas, aunque nunca llegue a conocer a las personas que protege con su conducta.
Los paı́ses que hoy exhiben los menores ı́ndices de mortalidad vial no alcanzaron esos resultados por casualidad. Lo hicieron mediante polı́ticas públicas sostenidas, educación desde las escuelas, planificación urbana, uso intensivo de tecnologı́a, aplicación rigurosa de las normas y un firme compromiso de toda la sociedad con la protección de la vida.
La República Dominicana posee la capacidad técnica y humana para recorrer ese mismo camino. Cuenta con profesionales preparados, instituciones que pueden fortalecerse y una ciudadanı́a que, cada vez con mayor frecuencia, reclama soluciones reales. Lo que hace falta es convertir la seguridad vial en una prioridad nacional permanente y no en una preocupación pasajera que reaparece únicamente después de un accidente de gran impacto mediático.
Ninguna familia deberı́a despedir cada mañana a uno de sus seres queridos con la incertidumbre de si regresará al final del dı́a. Sin embargo, esa es la realidad que enfrentan miles de dominicanos. Hemos llegado al punto en que las muertes por accidentes de tránsito comienzan a percibirse como un hecho inevitable, cuando en realidad constituyen uno de los problemas más prevenibles que enfrenta nuestro paı́s.
Toda pandemia exige una respuesta colectiva. Esta no es la excepción. Requiere voluntad polı́tica, instituciones sólidas, infraestructura segura, educación ciudadana y un compromiso inquebrantable con el cumplimiento de la ley. Pero, sobre todo, exige recuperar el valor que damos a la vida humana.
Porque ningún paı́s puede considerarse verdaderamente desarrollado mientras salir de casa represente un riesgo cotidiano de no volver.
En un próximo artı́culo presentaré una propuesta técnica para transformar la movilidad en la República Dominicana y demostrar que esta realidad sı́ puede cambiar. La solución existe. Lo que necesitamos es la decisión de ponerla en marcha.
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