Por Julio Disla
El gobierno del presidente Donald Trump ha hecho llegar a nueve universidades de Estados Unidos un memorándum que exige la adopción de su visión ideológica en materia educativa a cambio de acceso a fondos federales.
Esta maniobra no es un simple gesto administrativo: constituye una agresión directa contra la autonomía universitaria, la libertad de pensamiento y los valores democráticos que históricamente han sustentado la educación superior en el país.
La universidad como trinchera del pensamiento libre
Desde sus orígenes, las universidades han sido espacios de debate, crítica y creación. Han albergado el pensamiento progresista, las ciencias sociales transformadoras y los movimientos que han impulsado los grandes cambios sociales en la historia moderna.
Pretender someterlas al dogma ideológico de un gobierno es intentar mutilar su esencia: la búsqueda de la verdad sin censura ni subordinación.
El memorándum de Trump busca algo más que uniformar la enseñanza: persigue moldear conciencias, adoctrinar a las nuevas generaciones bajo la retórica del nacionalismo conservador y sofocar las voces críticas que denuncian la injusticia, el racismo o la desigualdad.
Convertir la universidad en un apéndice del poder político es propio de regímenes autoritarios, no de una sociedad que se proclama como la cuna de la democracia.
El chantaje como política de Estado
El condicionamiento de fondos públicos a la aceptación de una visión política representa un chantaje inaceptable. El financiamiento educativo no puede ser utilizado como instrumento de control ideológico. Los recursos federales pertenecen al pueblo, no a un gobierno o partido.
Lo que hoy se impone por decreto o memorándum mañana puede convertirse en ley, y con ello se institucionalizaría la censura y la persecución académica.
Resistir para pensar
Frente a esta ofensiva, las universidades, los estudiantes y el profesorado deben levantar su voz. Defender la libertad académica no es un gesto simbólico: es una forma de resistencia cultural y política.
Los centros de educación superior tienen el deber moral de rechazar toda imposición que limite la investigación, el pensamiento crítico y la diversidad de ideas.
Hoy más que nunca, la comunidad universitaria debe recordar que la educación es un acto de liberación, no de obediencia. Las ideas no pueden ser compradas con fondos federales ni doblegadas por decretos presidenciales.
El memorándum de Trump es un síntoma del deterioro democrático y del avance del autoritarismo en Estados Unidos. No se trata solo de una disputa administrativa: es una batalla por el alma misma de la educación.
Callar ante esta amenaza sería aceptar la domesticación del pensamiento libre.
Defender la universidad es defender el derecho a pensar, a disentir, a imaginar un mundo distinto. Y esa es, hoy, una tarea profundamente militante.
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