En octubre de 1937 se produjo un suceso sangriento en la frontera norte entre República Dominicana y Haití. Este suceso es conocido en la historia reciente dominicana como la Masacre.

Este hecho es colocado por la mayoría de los investigadores entre los días 2 y 8 del referido mes. Aunque hay razones para ubicar su inicio a finales de septiembre del mismo año.

Las motivaciones del mismo aún se discuten entre los estudiosos. Al analizar las distintas fuentes y estudios del hecho, podemos llegar a la conclusión de que se debió a varias causas. Intentaremos analizar algunas de ellas.

El cultural es uno de los motivos aducidos para justificar el proceso de recuperación de las tierras fronterizas, incluso para justificar la masacre misma.

La dominicanización de la frontera fue el lema y objetivo trazados, para despoblar a toda la región de los habitantes de origen haitiano que habitaban en ella.

Richard Turits en su obra Cimientos del Despotismo. Los campesinos, el régimen de Trujillo y la modernidad en la historia dominicana, señala que “la referencia a un «auténtico dominicanismo» con «caracteres distintivos» puede haber sido una condena implícita a un «dominicanismo inauténtico» en la frontera dominicana que incorporaba o compartía características clave con los haitianos. […]

Era precisamente este solapamiento de prácticas culturales entre haitianos y dominicanos y la comunidad biétnica general «en los sitios más cercanos al vecino Estado haitiano» lo que hacía que el establecimiento del control estatal sobre la frontera le pareciera a Trujillo, a la vez, particularmente necesario y problemático. La homogeneidad cultural, tanto tiempo recomendado por los intelectuales, se convirtió en una preocupación crucial del Estado trujillista, que la consideraba instrumental para demarcar el espacio político y consolidar la autoridad política”.

Una prueba de la preocupación que suscitaba a las autoridades del régimen, el sincretismo cultural y el intercambio que se daba entre los habitantes de uno y otro lado de la frontera es la comunicación que le enviara al secretario de Relaciones Exteriores, Ernesto Bonetti Burgos, el Cónsul dominicano en Veladero, Haití, Isidoro de la Cruz, el 5 de abril de 1937, cinco meses antes de la masacre, donde le informaba:

“[…] veo semanalmente a dominicanos de ambos sexos llegar a esta población, de diferentes secciones de la Común de Comendador, a bautizar sus hijos en esta Iglesia haitiana, y entre los diferentes padrinos, he visto hasta un Alcalde Pedáneo, placa #818, lo que comunico a Ud. para los fines que Ud. juzgue conveniente en este asunto”.
Este hecho, justificado por los dominicanos por no disponer de templo en su comunidad, llegó al conocimiento del mismo Trujillo, quien lo remitió al secretario de Interior, Guerra y Marina para que tomara cartas en el asunto.

Aunque la misma práctica aún se repetía en el año 1940, como lo atestigua un intercambio de memorándum entre las autoridades de las más altas esferas del régimen, en este caso del Mayor General José García, Secretario de Estado de lo Interior y Policía dirigido al vicepresidente de la República en funciones de presidente. Tales misivas se encuentran en el Fondo Presidencia del Archivo General de la Nación.

Aunque el tema cultural era tomado como muy importante, la razón de mayor peso y la que causaba mayor preocupación entre las autoridades dominicanas era la referente al control político-militar que el Estado dominicano debía asumir en una frontera cuya delimitación apenas acababa de firmarse. Según Turits, La presencia de grandes cantidades de haitianos, en la parte dominicana de esta frontera, despertaba inquietudes al régimen y le urgía a tomar medidas drásticas para lograr el control absoluto de un territorio sobre el cual sentía una imperiosa necesidad de dominar.

Esta situación adquiría el carácter de urgencia nacional, sobre todo porque durante muchos años, partes significativas de esa frontera eran objeto de disputas entre los dos Estados.

Este hecho llevó al gobierno de Trujillo a crear una colonia agrícola en la zona de Pedernales, frontera sur, en sus primeros años y unos años antes de la masacre. Esta región era la que más preocupaciones despertaba en el régimen, debido a que sobre ella había un fuerte reclamo de parte de las autoridades haitianas.

Otra medida que el Estado dominicano había adoptado para limitar la presencia haitiana en el país fue la de imponer gravámenes a la inmigración no deseada. Mediante la Ley 279 del 29 de enero de 1932, el régimen de Trujillo estableció un impuesto de US$300.00 para entrar al país, aplicado especialmente a los haitianos, a negros de otras islas del Caribe y a personas de raza mongólica, forma usada para referirse a los chinos, lo cual provocó un fuerte e intenso activismo en defensa de los intereses chinos por parte del embajador chino ante el gobierno de Cuba, el embajador Ping Ling, ya que para la fecha la República Dominicana no tenía relaciones diplomáticas directas con el país asiático.

Otra razón, tal vez de tipo psicológico, se le atribuye a cierto pesar en la conciencia del propio dictador, quien, para lograr un acuerdo de delimitación fronteriza con el gobierno haitiano, se vio en la obligación de ceder casi el 10 % del territorio dominicano.

La adopción de una medida de fuerza, de la magnitud tomada era, pues, casi un designio inevitable, dentro de la lógica y mentalidad del régimen en su etapa de consolidación.

Los límites

— El territorio
La administración de Trujillo tuvo que ceder territorio para alcanzar un acuerdo con Haití sobre límites fronterizos, hecho que es valorado entre las causas de que llevaron al Corte de 1937.

*Por Francisco A. Lara D. (Investigador en el AGN)