Los expedientes de corrupción que maneja la Justicia posiblemente hagan honor a la expresión de que “no están todos los que son ni son todos los que están”, pero los jueces y el Ministerio Público tienen la gran responsabilidad de descubrir la verdad para que los que son paguen y los que no son queden absueltos.
La sociedad no se merece que quienes se hayan lucrado por dilapidar los recursos públicos queden impunes, pero tampoco que aquellos que no tienen responsabilidades en los actos investigados carguen con culpas ajenas.
La complejidad de estos procesos requieren esfuerzos importantes para que tras la sombra de los inocentes no se escuden los que en verdad cometieron los escandalosos actos de corrupción denunciados.
La defensa de los inocentes también tiene que tener el cuidado de no amparar a los culpables, pero mantener la firmeza para evitar injusticias.
Toca al Ministerio Público hacer los esfuerzos procesales necesarios para que los responsables de la corrupción denunciada paguen sus culpas y que el Estado pueda recuperar lo que le fue sustraído de manera ilícita si ese fuera el caso.
En cualquier proceso judicial el aspiracional debe ser la búsqueda de la verdad, sin prejuicios ni preferencias.
El castigo a la corrupción es un antídoto para evitar que se repitan esos actos en el porvenir y contribuye a contener a quienes entienden que el dinero público forma parte de una piñata.
La sanción a los culpables conforme a la ley y absolución de los inocentes debe ser el aspiracional social y la responsabilidad de jueces y el Ministerio Público.
