Debido a la concepción de justicia que lo inspira, el Derecho occidental tiende a buscar soluciones generales a problemas particulares, provocando que las normas jurídicas tengan pretensión de universalidad: la misma norma debe aplicarse a conflictos varios, muchos de los cuales no fueron siquiera imaginados por el legislador.

Producto de ello, las herramientas del Derecho son torpes para solucionar los conflictos en sociedades libres.

Sociedades en las que cada ciudadano procura dejar su impronta, complejizándolas más allá de lo que puede ser adecuadamente manejado por el Derecho. De ahí que las soluciones jurídicas son casi siempre imperfectas, operan como cincel donde muchas veces se requiere un bisturí.

A estas dificultades del Derecho se suma una que no podemos desdeñar: incluso en un Estado de derecho, las normas deben dejar espacio a la discusión y deliberación pública. De nada sirve llamarse democracia si todo lo deciden los jueces.

Lo anterior viene a cuento porque en la República Dominicana hay quienes se han dado a la tarea de recurrir a los tribunales para impedir que se produzcan estos procesos de discusión.

Convencidos de que sus razones no sólo son correctas sino indiscutibles, acuden a los tribunales con el propósito de que estos silencien a quien piensa distinto o para que anulen los procesos de debate de las políticas públicas.

Es decir, quieren impedir que el debate sea plural y cualquier discusión que pueda tener un resultado mínimamente distinto al que ellos desean.

Conocedores de que en democracia nadie obtiene la totalidad de lo que quiere, procuran pervertir el papel del sistema de justicia con la intención de monopolizar el debate y la toma de decisiones.

Hasta ahora les ha ido mal, pero es importante que observemos este proceder porque demuestra una deficiente vocación democrática que con el tiempo puede derivar en actitudes aún más drásticas.

Es cierto que la libertad de expresión tiene límites, pero pretender manipular la justicia con el propósito de ser la única voz pública es peligroso para la democracia y para la ciudadanía.