German Marte 
German Marte
Tras el histórico y vergonzoso fallo que llevó a la abrupta suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero, la Junta Central Electoral (JCE) convocó para el próximo 15 de marzo la realización de nuevos comicios a nivel nacional.
La Junta ya había reconocido el fracaso del voto electrónico que se utilizaría en 18 municipios que concentran el 62% del electorado. Los equipos solo funcionaron –a medias- en el 13% de las mesas, mientras que en el 87% restante no se pudo ejercer el sufragio.
Ante tal situación, la Junta se vio compelida a anunciar lo inevitable: la suspensión de las votaciones a nivel nacional. No había de otra.
Y a pesar de la derrota que esta decisión significaba para todo el sistema, casi todos los partidos apoyaron la decisión, excepto el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que favorecía que solo se suspendieran en los colegios que utilizarían el voto automatizado.
Se podría concluir entonces que ante la inocultable evidencia de un fraude colosal, el magistrado Julio César Castaños Guzmán y demás miembros del pleno actuaron en consonancia con un reclamo generalizado.
Sin embargo, esto no es suficiente.
No basta con que la JCE haya suspendido las elecciones. No basta con la simple excusa del presidente de que el voto automatizado falló, de que no hizo un buen control de calidad.
Tampoco basta con organizar nuevos comicios, algo ineludible y que ya hizo. No señor.
El pleno de la JCE está en la obligación institucional de investigar y explicar al país, punto por punto, qué pasó la noche larga del 15 de febrero de 2020.
El país tiene derecho a saber quién o quiénes han pretendido trastocar–una vez más- la la intención de los votantes, y la Junta, en tanto responsable de organizar las elecciones, tiene la obligación de aclarar lo sucedido.
Debe aclarar, por ejemplo, por qué en la mayoría de los equipos que funcionaron cargaron las boletas y las fotos de los candidatos del PLD, y los de la oposición no.
Cómo se explica que en muchos municipios no aparecieran las boletas de varios partidos. Y por qué ese mismo fallo en ningún caso afectó al PLD.
La Junta debe explicar la denuncia que hicieron funcionarios de una mesa en el Distrito Nacional de que cuando emitieron el boletín 0 el equipo indicaba que ya el candidato oficialista Domingo Contreras llevaba 15 votos, cuando nadie había votado.
¿Cómo pudo pasar eso? ¿En cuántas mesas pasó? ¿Quién reprogramó los equipos para que los resultados favorecieran a ciertos candidatos?
A pesar de que ya la JCE perdió credibilidad, al punto de que numerosos sectores, incluidos dirigentes del propio partido de gobierno, el presunto beneficiario del fraude que se fraguaba, ha llamado irresponsable a los miembros del pleno, y de que no pocos piden que renuncien, ese organismo tiene la responsabilidad de aclarar qué, quién o quiénes provocaron el colapso del sistema, y por supuesto separarlo del proceso y someterlo(s) a la justicia.
A pesar de los avances de la Inteligencia Artificial, todavía –que sepa uno- la JCE no ha adquirido computadoras capaces de actuar por su cuenta. Alguien las programó.
Señores de la JCE, los ciudadanos conscientes queremos saber, tenemos derecho a saber qué pasó. Y lo correcto es que se diga antes del 15 de marzo.
Mientras tanto, el PLD puede respirar aliviado, pero solo temporalmente, porque pese a todo el dinero acumulado, y el interés de desconocer la voluntad popular, su suerte está echada: ¡Se van!
