La difusión no autorizada de imágenes íntimas vuelve a poner en evidencia una práctica perversa que se ha ido normalizando en el país por la falta de sanciones efectivas, a pesar de que la legislación vigente las contempla claramente. Esta vez, la víctima es un diputado joven, cuya vida privada fue expuesta sin su consentimiento.
Más allá de opiniones personales sobre su conducta o preferencias, el Estado de derecho tiene un claro principio en el respeto a la intimidad.
El hecho, si ocurrió, tuvo lugar entre adultos, en un espacio privado, y bajo consentimiento. Eso coloca al afectado en la posición de víctima de un acto ilegal y moralmente repudiable.
La condición de figura pública no despoja a nadie de sus derechos constitucionales. Ser político, artista o funcionario no implica la pérdida de la protección legal sobre la vida privada. Nuestra legislación sanciona el exhibicionismo en espacios públicos, pero también protege la intimidad cuando esta ocurre en lugares privados.
Grabar y difundir sin autorización este tipo de imágenes es un delito, y mantener la impunidad sólo garantiza que prácticas como esta se repitan con otras personas, sin importar su posición social o política. Lo preocupante no es sólo lo que le ocurre a un diputado, sino lo que puede ocurrirle a cualquier persona si este tipo de violaciones queda sin consecuencias.
En lugar de enfocar el debate en la figura del afectado, el Estado y la justicia deben concentrarse en perseguir y sancionar al responsable de la grabación y difusión.
No hacerlo enviaría el peligroso mensaje de que en República Dominicana cualquiera puede vulnerar la intimidad de otro sin consecuencias.
El respeto a la privacidad es un pilar de las libertades individuales. Protegerla es un deber legal y democrático.
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